España despide por encima de sus posibilidades: los ceses supera en un 80% los que deberían producirse
elEconomista. El 20,9% del exceso de despidos sería directamente achacable a la última reforma laboral. 1,25 millones de ceses en siete meses marcan un récord histórico desde 2013, impulsados por los contratos fijos.
El mercado laboral español registró en los siete primeros meses del año 626.916 bajas de afiliación por despido y otras 621.475 por no superar el período de prueba. Un total de 1,25 millones de ceses que supone la cifra más alta desde que arranca la serie histórica comparable (en 2013). El repunte no parece explicarse simplemente por el aumento de los trabajadores con empleo fijo: si esta fuera la única causa, la cifra de extinciones sería un 80% más baja que la que se ha producido.
Un análisis en profundidad de los datos disponibles revela que gran parte de esta distorsión se habría producido sin mediar la reforma laboral de 2021. Aunque no se puede decir que su efecto sea neutro. Descontando el factor ‘arrastre’ de la legislación anterior, aún queda un 20,9% de brecha que parece responder a los últimos cambios en la legislación laboral. El efecto, además, se concentra en los despidos.
Este ejercicio apunta a una posibilidad inquietante: incluso en un escenario positivo como el actual, España despide mucho más de lo que debería. Algo coherente con la hipótesis de que el elevado peso de actividades estacionales o de temporada lleva a que muchas empresas usen los empleos indefinidos como temporales ‘de facto’. A más empleo, más volatilidad, y esto no lo han corregido los cambios en la contratación. La pregunta es, más bien, si la nueva normativa ha agravado estos comportamientos.
El caso es que la reforma ha tenido un efecto claro en la duración de los empleos: si en 2019 las bajas de afiliación se producían tras una media de 189 días, en 2025 (último dato disponible) se había elevado a 236. Pero este es un dato agregado que responde a un descenso de las finalizaciones de los contratos de duración determinada, que se han visto parcialmente compensados por el mayor número de fijos discontinuos que pasan a la inactividad, las dimisiones y el aumento de los ceses.
¿Hasta qué punto este repunte es excepcional? Para estimarlo hay varias opciones. Una de las más simples es aplicar la tasa de bajas por despido o por no superar el período de prueba por 1.000 afiliados que se registraba en el mismo mes de 2019, último año completo antes de la pandemia. Según este modelo, en los siete primeros meses del año deberían haberse registrado 693.561 ceses de los dos tipos. Pero la cifra real fue 1,25 millones, exactamente 554.830 de más.
Eso sí, en términos mensuales el récord corresponde a marzo de 2020, cuando los ceses reales casi triplicaron los esperados. Sin embargo, se revertió rápidamente en cuanto el ajuste inicial de los confinamientos se completó y entraron en vigor los ERTEs de la pandemia. De hecho, en el acumulado, los ejercicios 2020 y, sobre todo, 2021 registran una desviación negativa del -17,6%.
Huelga decir que la inmensa mayoría de la desviación reposa en los asalariados con contrato indefinido. En los siete primeros meses del año sumaron 1,03 millones de bajas por despido o período de prueba no superado, un 109% más de los previsibles, mientras que los temporales ‘solo’ anotaron 216.706, un 8,6% más de lo esperado.
Las reglas del juego
Los asalariados indefinidos afiliados al Régimen General han pasado del 61,1% de julio de 2019 al 77,5% en el mismo mes de 2026. El total de ceses ha aumentado un 61%, pero el reparto se invierte por completo: en 2019 los ceses eran mayoritariamente de temporales (56%); en 2026, el 83% son de indefinidos. La razón es que las bajas de indefinidos se han disparado un 213% mientras que los ceses de temporales caen un 48,5%. Esto apunta a que el desfase se explica por algo más que el mero efecto composición.
Antes de seguir, toca recordar una obviedad: las bajas por no superar el periodo de prueba no son despidos, aunque a efectos de afiliación la causa (una decisión del empresario) y el efecto para el trabajador son los mismos. Pero las condiciones legales de cada uno hacen que su comportamiento haya variado de forma muy diferente antes y después de la reforma de 2021.
Esta diferenciación es importante porque las bajas de indefinidos por no superar el periodo de prueba se han disparado un 402%, con una desviación del 100,1% frente a lo esperado. Los despidos, por su parte, han repuntado un 143% frente al 62% de los ceses clasificados como despido. Esto ha disparado las sospechas (incluso formuladas por boca de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz) de que las empresas aprovechan el periodo de prueba para esquivar la reforma laboral convirtiendo a los nuevos trabajadores en ‘fijos de usar y tirar’.
Un diagnóstico que puede ser ampliado a los despidos (la mitad de los registrados por la Seguridad Social son disciplinarios) y avala las críticas de los que consideran que la reforma ha ‘precarizado’ el empleo indefinido al imponer su utilización en puestos que antes desarrollaban los temporales.
El factor olvidado
El problema de esta conclusión es que no tiene en cuenta que la normativa aprobada en los últimos días de 2021 no reformó el despido ni el cese por no superar el periodo de prueba. Se siguieron aplicando las mismas reglas fijadas una década antes, por la reforma laboral del Gobierno del PP, con dos excepciones: los despidos por absentismo y el contrato de emprendedores que permitía periodos de prueba de hasta un año. Ambos fueron derogados antes de la pandemia.
Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿se registraría una distorsión similar en los ceses si el empleo indefinido hubiera crecido de forma ‘natural’, es decir, sin el imperativo legal introducido por la legislación impulsada por Yolanda Díaz? La cuestión no es baladí: se trata de determinar si lo ocurrido tiene una causa legislativa o no.
Este ejercicio de contraste se puede realizar de múltiples formas. La más sencilla es introducir como ‘proxy’ de control el diferencial que solía haber entre indefinidos y temporales en el periodo de 2014 y 2019. Con esto se resuelve la principal debilidad de la metodología que hemos utilizado hasta ahora y que tomaba como referencia el último año ‘normal’ antes de la pandemia: considera la distorsión que aporta el ciclo económico. Pero al aplicar este ‘proxy’ los resultados cambian notablemente y la desviación anotada en los ceses se reduce del 80% al 20,9%
La explicación está en las bajas por no superar el periodo de prueba: al aplicar el mecanismo de control, la brecha se invierte, pasa del 100,1% a un -8,6%. Es decir: una vez contrastado con lo que también les pasa a los eventuales, quedan ligeramente por debajo de lo esperable.
Aunque este cálculo puede verse afectado por los cambios en los temporales (cuya volatilidad también ha aumentado tras desaparecer los contratos por obra y servicio), lo que queda claro es que el impacto neto de la reforma de 2021 sería muchísimo menor de lo esperado. En otras palabras, las bajas por no superar el periodo de prueba. Estas se dispararon por el aumento del empleo indefinido y hubiera ocurrido lo mismo con otro marco legal.
Pero con los despidos ocurre exactamente lo contrario. Los dos métodos apuntan en
la misma dirección: un exceso que aparece en 2022, se dispara en 2023 y se mantiene estable hasta 2026, sin diluirse. De hecho, al aplicar el control de los temporales la brecha sube de 225.000 (un 62,5%) a 254.429 (un 77,5%).
En este caso los dos modelos coinciden en mostrar una distorsión que no se hubiera producido sin el cambio legal. ¿Qué significa? Parece que las empresas pierden el miedo a despedir a la hora de hacer ajustes que antes hubieran realizado dejando caducar los contratos temporales o a través del periodo de prueba.
Esto abre un panorama inédito en un mercado laboral en el que las relaciones laborales están cada vez más judicializadas. La reforma de 2012 abrió este camino derogando el despido exprés y reforzando la causalidad de los despidos, pero ha sido en la actual etapa de Gobierno cuando más se ha reforzado esta vía de la ‘disuasión judicial’ añadiendo nuevos supuestos de nulidad. Ninguno de estos caminos está dando los frutos esperados.