El coste directo para las empresas de las bajas laborales crece un 8% hasta abril
elEconomista. Las compañías desembolsan 3.241 millones para cubrir la incapacidad temporal. Los datos de las mutuas recogidos por CEOE recogen los procesos no profesionales.
El aumento de las bajas laborales ya constituye la principal preocupación para los empresarios. CEOE ha llevado esta cuestión al centro del debate ante la ausencia de propuestas por parte del Ministerio de Seguridad Social que puedan ponerle solución y los informes que publica la patronal que encabeza Antonio Garamendi dan cuenta de como crece el coste directo para las empresas de esta problemática.
Según el análisis de negociación colectiva del mes de junio, el gasto que soportan directamente las compañías por las bajas de incapacidad temporal de carácter común (en las que la enfermedad o el accidente se ha producido fuera del trabajo) se ha incrementado un 8% respecto al año pasado hasta abril. Un avance por el que la cifra total ha superado los 3.000 millones hasta abril, según los datos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
La normativa actual establece que las empresas tienen que abonar la prestación entre los días 4 y 15 de baja, en concreto, están obligadas a pagar un 60% de su salario habitual. No obstante, es habitual que los convenios colectivos negociados en cada sector profesional complementen este porcentaje hasta el 100%y que establezcan que la compañía también paga la prestación durante los primeros tres días de baja.
La mayoría de este tipo de acuerdos fueron suscritos a finales de la pasada década, algo que a día de hoy consideran un error, según han admitido diferentes organizaciones empresariales que creen necesario reducir estos complementos a la prestación de la baja debido a la magnitud que está adquiriendo este gasto, un problema que se suma a las dificultades de gestión y operativas que trasladan que les está suponiendo este aumento de las bajas por incapacidad temporal.
Es una posibilidad a la que se cierran los sindicatos mayoritarios, en tanto que defienden que estos complementos fueron incorporados a los convenios a cambio de renunciar a mayores subidas salariales o a otro tipo de mejoras, por ejemplo en materia de jornada laboral, por lo que ahora no están dispuestos a renunciar a esta parte de protección de los trabajadores que se ponen enfermos o que experimentan un accidente.
Estos procesos empezaron a ser una preocupación tras la pandemia, cuando despuntó un incremento de las bajas por salud mental, que afectan especialmente a los jóvenes y que sumado a la saturación de los servicios públicos de salud y a una serie de problemas de gestión han generado un gasto que presiona a las cuentas de las empresas privadas pero también al presupuesto público. No obstante, los datos de las mutuas reflejan que en 2026 el gasto se está incrementando pese a que el número de procesos iniciados ha caído casi un 10% respecto al mismo periodo del año pasado.
No obstante, la patronal advierte que el gasto total de estos procesos se ha incrementado un 8,23% hasta los 7.171,87 millones de euros, si al coste asumido por las empresas se le suma la parte abonada por las mutuas. Estas entidades se hacen cargo de la parte que corresponde a Seguridad Social, es decir, la prestación a partir del día 16 de baja por incapacidad, un gasto que evoluciona en paralelo.
Seguridad Social gastará 20.000 millones
Más de un millón de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo cada día por contar con un permiso médico, una situación que también supone una presión creciente para las cuentas públicas. Tras siete años en los que este gasto no ha dejado de crecer, el sector de las mutuas estima que Seguridad Social tendrá que desembolsar 20.000 millones de euros para hacer frente al pago de estas prestaciones en 2026, según adelantó elEconomista.es.
Los últimos datos avanzados por el ministerio de Elma Saiz, del mes de abril, reflejan que el gasto ha seguido creciendo en los primeros meses del año. Desde las entidades colaboradoras con Seguridad Social apuntan que esperan que el gasto crezca más de un 8% para el final del año, impulsado por los procesos iniciados por contingencias comunes.
El último análisis elaborado por la AIReF apuntaba que la incidencia de estos procesos había aumentado un 60% entre 2017 y 2024, al tiempo que se había extendido la duración media de los procesos, en especial, los relacionados con problemas de salud mental y lesiones físicas, que se caracterizan por suponer un mayor gasto público.
Como ya se ha mencionado, el pago de estas bajas se reparte entre la Seguridad Social (con las mutuas) y las empresas. El gasto del sector público crece a medida que ganan peso los procesos que tienen una duración mayor, sobre todo porque si al inicio de la baja la prestación cubre el 60% del salario bruto del trabajador, desde el día 21 el trabajador pasa a recibir el 75% de su salario, elevando el coste de estos procesos y según la literatura académica, reduciendo los incentivos que tienen los trabajadores que están de baja para volver a trabajar.
A lo largo de 2025, la Seguridad Social y las mutuas pagaron más de 16.800 millones de euros de bajas por contingencias comunes, un 12% más que el año anterior. El sector de las mutuas considera que esta partida volverá a incrementarse, hasta incluso superar los 18.000 millones de euros (un 7%) más, lo que impulsaría el total al entorno de los 20.000 millones de euros, al sumar el presupuesto destinado a contingencias profesionales.