Díaz aprobará el registro horario este mes tras aceptar retocarlo
ABC. Después del informe crítico del Consejo deEstado asume varias recomendaciones que rechazó cuando se le plantearon desde Economía.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está limando una de las últimas medidas que puede arrancar del Gobierno de coalición en este último tramo de la legislatura, el nuevo registro horario, para que pueda pasar antes de agosto por el Consejo de Ministros, aunque sea dejándose pelos en la gatera: asumir buena parte de las recomendaciones que el Consejo de Estado dejó plasmadas en su in forme de febrero y que modifican notablemente la idea que la ministra de Trabajo tenía con esta regulación. Indicaciones de las que ella misma renegó por haberse plegado a los deseos del ministro de Economía, Car os Cuerpo, según denunció Díaz pocos días antes de que su compañero de gabinete asumiera la Vicepresidencia primera del Ejecutivo.
El departamento dirigido por Díaz trabaja estas semanas, y desde hace casi dos meses, en limar parte de las asperezas que no gustaron al Consejo de Estado, un organismo en el que están presentes los sindicatos y los empresarios. Sobre todo en lo relacionado con la implantación del registro en las pequeñas y medianas empresas (pymes); así como el impacto que puede tener en determinados sectores económicos a los que no se debería imponer esta medida de un día para otro y sin algún tipo de protección.
Los cambios en los que se concentra ahora el real decreto que regulará el procedimiento de fichaje de millones de trabajadores se centran en cuestiones espinosas para Yolanda Díaz, pero necesarias para que el Consejo de Ministros tramite esta nueva normativa, según indican varias fuentes gubernamentales a ABC. Más aún cuando, al tratarse de un real decreto, no precisa del aval del Congreso de los Diputados y su entrada en vigor sería efectiva en pocas jornadas. Es decir, lo que salga de la Moncloa irá directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su aplicación.
De cumplirse sus planes, Díaz podría ver concretarse una de sus últimas banderas políticas en una legislatura en la que se han visto aboca das al fracaso iniciativas como la ley de reducción de la jornada laboral, amén de las numerosas fricciones con la ya exministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la tributación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de los últimos ejercicios.
Informe preceptivo
En su informe preceptivo, el Consejo de Estado concluía que la reforma del registro horario propuesta por Trabajo no debería ser aprobada al no haber calibrado correctamente el impacto que tendrá sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. El dictamen de este órgano, que no es vinculante, supuso un jarro de agua fría para los intereses de la ministra de Trabajo, que había confiado en esta reforma, vía reglamento, para hacer frente al veto que tuvo en septiembre la jornada de 37,5 horas.
El texto del Consejo considera que el proyecto de Trabajo obvia las implicaciones que el nuevo registro horario que se quiere imponer –digital, interoperable con la Inspección y mu cho más minucioso en cada salida o entrada al puesto de trabajo– en buena parte de los sectores económicos del país. E insiste en que el proyecto no se adapta de forma idónea a las necesidades específicas de muchos sectores, además de advertir sobre el tratamiento de la protección de datos de los propios trabajadores.
Para lograr esta cuadratura del círculo, responsables de varios ministerios están manteniendo reuniones para llevar definitivamente el texto del real decreto al Consejo de Ministros. Previsiblemente será antes del parón de agosto, cuando la actividad gubernamental se paraliza. Estos encuentros los están protagonizando responsables de departamentos como el de Economía, Trabajo y Seguridad Social, pero también otros organismos están inmersos en estas conversaciones, como la Inspección de Trabajo y responsables de digitalización.
Blindarlo ante la vía judicial
Más allá del choque entre los vice presidentes, el otro eslabón que aún debe superar el real decreto se con centra en la patronal. Porque la CEOE ya ha anticipado que, de aprobarse, la llevaría a los tribunales porque no se puede cambiar vía reglamento el registro de jornada, sin el aval nece sario, a su juicio, del Congreso de los Diputados. Para evitar que encalle en la vía judicial, Trabajo llegó a consultar a la Agencia de Protección de Datos hasta dónde puede llegar el rastreo de fichajes que quiere implantar el Gobierno. Al tratarse de un nuevo re gistro digitalizado, automático e in teroperable, con acceso directo a la Inspección de Trabajo, podría vulne rar algunos derechos de los trabaja dores y obligaría a cambiar la ley, se gún apuntan varios expertos legales. Una contingencia en la que también se trabaja para que el decreto nazca protegido.