Bruselas prepara restricciones a los alquileres turísticos y a las segundas residencias
La Vanguardia. La Comisión Europea quiere dar la cobertura legal a las ciudades y autoridades nacionales en las zonas más amenazadas por la crisis de vivienda.
Contundente respuesta de Bruselas para amparar a las ciudades más golpeadas por la crisis de la vivienda. La Comisión Europea abre la puerta a permitir que los ayuntamientos puedan imponer restricciones las segundas residencias y a los alquileres turísticos en las zonas más amenazadas por estas plataformas. Según un borrador de un nuevo reglamento, al que ha tenido acceso este diario, Bruselas quiere dar la cobertura legal a los ayuntamientos y gobiernos para que puedan poner veto a las plataformas como Airbnb o Booking y también, por primera vez, restringir la compra de vivienda para uso no habitual en las áreas de mayor tensión habitacional, siempre que presenten pruebas con datos que justifiquen la medida y demuestren que no existen alternativas menos restrictivas para solucionar el problema.
Eso sí, según el borrador, para poder aplicar cualquier restricción sobre las segundas residencias, los ayuntamientos o las autoridades locales competentes deben poder demostrar con datos objetivos una serie de condiciones. Por ejemplo, que la compra de viviendas para usos diferentes a la residencia habitual ha perjudicado la asequibilidad de la vivienda en esa zona durante al menos los tres años anteriores. Otro requisito para declarar una zona tensionada es que el precio medio de transacción de una vivienda en el área afectada debe ser igual o superior a 8 veces la mediana de la renta disponible anual de los hogares locales. Es decir, que si adquirir un inmueble medio en un municipio exige menos de ocho años de salario íntegro de una familia local, la zona no podrá declararse bajo tensión y el ayuntamiento carecerá de competencias para aplicar este tipo de límites. Esto quiere buscar solventar casos de localidades vacacionales como Biarritz, en Francia, donde la mayoría de casas ya son segundas residencias y los locales no pueden adquirir viviendas para un uso particular.
El reglamento también es un varapalo para plataformas como Airbnb, ya que permite que las administraciones locales adopten restricciones comerciales severas contra el alquiler turístico sin miedo a largas batallas judiciales por violar las libertades de mercado de la UE, que muchas veces terminan disuadiendo a los ayuntamientos de actuar con firmeza.
La Comisión Europea ha marcado una línea roja al prohibir en este borrador cualquier tipo de restricción al alquiler turístico si este se realiza en la propia residencia principal del anfitrión, ya que entiende que es un apoyo financiero legítimo para muchas familias. En cambio, en los inmuebles que no constituyen la residencia principal del propietario los ayuntamientos sí podrán aplicar duros esquemas de autorización, registros o límites cuantitativos si demuestran que el incremento de alojamientos turísticos ha tenido un impacto negativo real y comprobado sobre el alquiler tradicional durante al menos los tres años anteriores, igual que en el caso de las segundas residencias.