Las empresas públicas suben la plantilla hasta su máximo en más de veinte años
elEconomista.El personal del que disponen roza las 200.000 personas en el primer trimestre de este año. Presentan el mayor crecimiento anual, de casi el 11%, de todos los niveles de la Administración. El gasto en sueldos públicos superó los 181.000 millones por el alza de plantillas.
El incremento del empleo público, a tasas que superan –en proporción– el propio del sector privado, es un hecho que se repite trimestre tras trimestre desde el final de la pandemia. Menos conocida, sin embargo, es la intensidad con la que ese auge se manifiesta en el subsector de las Administraciones correspondiente a las empresas públicas e instituciones afines.
De una forma discreta –ya que los expertos denuncian que este tipo de entidades muestran una opacidad que sería intolerable en otros organismos estatales, autonómicos o municipales– las entidades de esta índole tienen a su cargo casi 200.000 asalariados. Se trata de su cota máxima en más de veinte años en la actual serie histórica.
Así lo refleja el registro más exhaustivo sobre su evolución, del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos cerrados en el primer trimestre del presente ejercicio. Su número absoluto puede parecer pequeño en proporción a los más de tres millones de empleados públicos (funcionarios y personal contratado) en activo actualmente en España, pero conviene atender a su evolución porcentual.
Así, de todos los estamentos que componen el sector público, el propio de las empresas es el que con más intensidad incrementa su personal. Entre 2024 y 2026 su avance fue superior al 20%; en solo un año, entre el primer trimestre de 2025 e idéntico periodo de 2026, fue de casi el 11%. En dicho plazo, la plantilla de los organismos del Estado (siempre excluidos los de naturaleza empresarial) crecieron menos del 7%. En el caso de las comunidades autónomas, el avance interanual se reduce al 3,8%, mientras que en el caso de las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos) el incremento es inferior al punto porcentual.
Rastrear la naturaleza de esta red empresarial sostenida con dinero procedente del bolsillo de los contribuyentes resulta complejo, debido a la gran cantidad de ellas que existen. Los datos globales que ofrece el Ministerio de Hacienda se refieren a la existencia de más de 4.000 “entidades” –así las denominada la nomenclatura oficial– asociadas a las Administraciones.
Son casi 500 las que se adscriben a la Administración central, y constituyen aquéllas que presentan un mayor tamaño. Más importante todavía es su cuantía a escala de las comunidades autónomas, con casi 1.300 operativas con datos actualizados por Hacienda a junio del presente año. En cuanto a las entidades locales, es ahí donde encuentran un caldo de cultivo especialmente propicio, que da oxígeno a casi 2.560 organismos, en gran parte empresas.
No obstante, su proliferación no es el mayor de los problemas que plantean. De mayor gravedad son las posibilidades que se les ofrecen para eludir los controles y las auditorías. Esta situación no solo se da a escala municipal y autonómica, sino también en aquel escalón del sector público, el estatal, en el que la maraña de empresas e instituciones no es tan tupida.
Aun así, la Intervención General del Estado informaba, a principios de este año, de la existencia de más de 282 entidades que presentan un control previo de su gasto completamente “ausente”. Esa insuficiencia se produce aunque la IGAE detectaba en ellas “riesgos relevantes”, en cuanto al peligro de que sus cuentas no reflejen la realidad de la corporación, transgredan la normativa o contengan errores que oculten incidencias relevantes en sus balances.
En segundo lugar, los expertos también señalan la falta de idoneidad, desde el punto de vista de la más básica eficiencia financiera, de este tipo de organismos. Lo reflejan variables como la evolución de su deuda, de acuerdo con su seguimiento por parte del Banco de España. El supervisor resalta que el pasivo en términos globales de las empresas públicas españolas ha superado en los ejercicios los 41.000, la cifra más alta desde que en el mismo periodo de 2016 alcanzara los 42.401 millones.
El monto más importante pertenece a las empresas públicas controladas por la Administración central, con un saldo de 35.099 millones. Por su parte, la deuda de las empresas públicas dependientes de las comunidades autónomas se ha situado en los 4.118 millones, mientras que las dependientes de las corporaciones locales atesoraron una deuda de 2.190 millones.
Por regiones, la deuda de las empresas públicas que dependen de las comunidades es superior en la Comunidad de Madrid, con un endeudamiento de 2.944 millones, seguida de Cataluña (955 millones), País Vasco (93), Navarra (54), Aragón (38) y Andalucía (23).