Trabajo plantea una subida del 4% del SMI que patronal y sindicatos no aceptan
La Vanguardia. Yolanda Díaz ve cerca el acuerdo, pero María Jesús Montero rechaza una condición esencial para la CEOE, indexar los contratos con la administración pública.
El acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en el 2024 se complica. Este lunes el Ministerio de Trabajo hizo pública su propuesta, un incremento del 4%, de manera que el SMI pasaría de los 1.080 euros mensuales actuales a los 1.123. Pero no encontró la aceptación ni de los sindicatos, aunque estos ven opciones para avanzar, ni de la patronal, más dura.
En concreto, la CEOE pone una condición difícil de cumplir, que el aumento del SMI repercuta en los contratos que empresas privadas tienen con la administración pública. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que trasladaría la petición a Hacienda, pero su colega María Jesús Montero fue rápida y clara en su respuesta: no lo acepta.
Trabajo concretó el porcentaje de aumento en el 4%, en línea con lo que había apuntado en los últimos días. Una cifra intermedia entre el 3% que planteó la CEOE y el 5% que reclamaban los sindicatos. Viendo la limitada distancia en las cifras, parece que hay opciones reales de un consenso. Sin embargo, quedan obstáculos considerables. El principal es el condicionante que la CEOE ya incluyó en su propuesta del 22 de noviembre, modificar la legislación para permitir el incremento del SMI en los contratos de ejecución del sector público. Una reivindicación habitual, pero esta vez elevada a condición sine qua non.
La queja viene por los contratos en vigor con la administración pública en sectores de uso intensivo de mano de obra y en los que cualquier aumento del SMI supone un incremento de los gastos que las empresas no pueden trasladar. Cuantificar el impacto de esta situación es difícil. Como dato aproximativo, desde la CEOE calculan que las empresas que prestan servicios a la administración pública emplean a 1,4 millones de personas, y que estas empresas serían las afectadas en mayor o menor medida por la no indexación.
Otra condición de la patronal, aunque no defendida con la misma intensidad, es una reducción del 20% de la cuota empresarial por contingentes comunes en el sector agrario.
Después de la reunión, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que ve próximo el consenso. “Estoy convencida de que estamos cerca de alcanzar un acuerdo. Las pretensiones entre la patronal y los sindicatos no están muy alejadas y, por el bien del país, seremos capaces de conseguirlo”, dijo Díaz, que añadió que va a trasladar a los ministerios competentes la petición de modificar los contratos públicos.
Sin embargo, la respuesta de Hacienda llegó a las pocas horas: un no rotundo a esta indexación. “La subida del SMI no puede ser a costa de la propia recaudación del conjunto de los españoles”, afirmó la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que añadió que “no tendría ningún sentido que la subida del SMI fuera a costa de que la administración pública tuviera que hacer frente a un mayor coste de los servicios que presta”. Una negativa que complica mucho conseguir el consenso con la patronal.
Por parte de los sindicatos, tampoco se acepta el planteamiento del 4%, que es inferior a los objetivos de CC.OO. y UGT. Sin embargo, ambos han apuntado que podrían acabar aceptando la cifra en función de cómo se desarrolle la negociación.
El vicesecretario general de política sindical de la UGT, Fernando Luján, dijo que “si llegamos a un acuerdo que garantice que el SMI cubre las pérdidas por la subida de los precios y satisface nuestros compromisos europeos, en esta senda se podrá encontrar a UGT”. Por su parte, la secretaria de acción sindical y empleo de CC.OO., Mari Cruz Vicente, declaró que “para CC.OO. la subida debía estar en el entorno del 5%, pero estamos dispuestos a negociar”. Un elemento que subrayó Vicente es su oposición a la bonificación del 20% al sector del campo si no hay compromiso de cumplir los convenios colectivos y aplicar el SMI en los convenios en los que no se aplica.