Nuevas obligaciones de registro de viajeros: ¿cuándo entran en vigor?
Hosteltur. Este miércoles 27 de abril debía entrar en vigor buena parte del Real Decreto 933/2021 del Ministerio del Interior, que establece las nuevas obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, aprobado el pasado 26 de octubre. Ante la dificultad para desarrollar muchas de las medidas planteadas en esta norma, de obligado cumplimiento para los establecimientos turísticos, tanto asociaciones hoteleras (CEHAT o la FEHM), como grandes empresas del sector vienen trasladando a la Secretaría de Estado de Turismo que es prácticamente imposible el desarrollo de muchas de las cuestiones y obligaciones que establece el decreto. Así, en la última semana, la Secretaría de Estado de Turismo ha informado al sector turístico de que desde la Secretaría de Estado de Seguridad comunican que las bases de datos que requiere el Real Decreto no estarán activas hasta el 1 de enero de 2023, por lo que las obligaciones de registro se posponen hasta entonces. “Por lo tanto, si en las bases de datos no se puede registrar la información que querían porque hasta esa fecha no están disponibles, se entiende que tenemos que seguir como hasta ahora, por lo que no serán de obligado cumplimiento los nuevos requisitos”, explica a HOSTELTUR el socio del gabinete Monlex, José Antonio Fernández de Alarcón.
¿Qué suponen estos nuevos requisitos? “Una obligada recogida de datos exhaustiva, muchos de ellos que hasta ahora no eran necesarios a los efectos del registro de viajeros, como se venía haciendo, cuando se venía comunicando telemáticamente y del modo adecuado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, señala Fernández de Alarcón.
El Real Decreto establece unos partes de entrada con un elevado número de campos a cumplimentar y que deberán ser firmados por toda persona mayor de catorce años que haga uso de los servicios de hospedaje, entre los que llama la atención la relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad) o los datos de la transacción: número de referencia, fecha, firmas, o datos del pago como el tipo (efectivo, tarjeta de crédito, plataforma de pago, transferencia…), la identificación del medio de pago: tipo de tarjeta y número, IBAN de la cuenta bancaria, solución de pago por móvil, además del titular del medio de pago, la fecha de caducidad de la tarjeta o la fecha del pago, entre muchos otros.
“Hasta la fecha simplemente recogíamos los datos, ahora hay una obligación de verificarlos, lo cual es absurdo, es imposible. Esa es una función propia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, detalla el abogado de Monlex, que critica que algunas de las cuestiones que reclama la norma “son completamente desajustadas por el pleno desconocimiento de lo que es la industria turística. Y lo que es más grave, contradice la normativa europea, de protección de datos sensibles como son los medios de pago”.
Al respecto, alude a la obligación de verificar la relación de parentesco. “Es algo difícil de entender. A veces ni siquiera hay DNI del menor, podemos recoger que es hijo porque lo manifiestan los acompañantes. Nosotros solo podemos recopilar esos datos, pero no podemos verificarlos”, incide Fernández de Alarcón, que recuerda que desde el 30 de abril de 2021 ha dejado de existir en España el libro de familia en soporte papel.
Recogida “exhaustiva” de datos
¿Qué supone esa recogida exhaustiva de datos de los viajeros? Se pedirá nombre, apellidos, sexo, tipo de documento de identidad y número, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, dirección completa, teléfono fijo y móvil, correo electrónico y número de viajeros, junto a la citada relación de parentesco.
Pero, sin duda, una de las cuestiones más peliagudas que plantea la norma es la recogida de datos de la transacción económica.
“Todo eso exige una normativa muy específica de protección para evitar el fraude, y además, entendemos que choca con numerosa normativa europea. No es una cuestión que desde un hostal a un hotel de cinco estrellas tengan que recoger de modo exhaustivo el tipo de medio de pago, su identificación o incluso el IBAN de la cuenta bancaria”, advierte.
A esta difícil tesitura, el socio de Monlex suma además una complicación añadida para el hotelero: el turista no siempre contrata directamente con el establecimiento.
“Esto no funciona así, nosotros conocemos los datos de la transacción de pago solo si contrata el turista con el hotel, pero muchas veces suelen venir a través de la turoperación o agencias, con lo que son ellos quienes tiene esos datos. Esto implica que se desconoce cómo funciona el sector”, lamenta.
Logística
Al mismo tiempo, Fernández de Alarcón llama a tener en cuenta lo difícil que será implementar estas nuevas medidas, que van a incrementar de forma importante la carga de trabajo para el personal de recepción. “Imagina qué puede pasar si en un hotel entran cientos de personas en recepción cuando llegan los autobuses de los aeropuertos y tenemos que recoger todos estos datos y obligar a firmar a cada cliente… Esto es antieconómico, ineficaz, y no tiene mucho sentido. Habría que poner una oficina a la entrada del establecimiento”, destaca.
Fernández de Alarcón aplaude que la norma incorpore la obligación de que los rent a car o la vivienda vacacional tengan recoger los datos de sus clientes, “pero solo los básicos”, si bien a la hora de su desarrollo reclama “sentido común a la administración”.
“Se echa en falta que cuando una norma viene de un Ministerio y se trata de otro sector no se hable con este. El sector turístico no puede hacer de Policía y menos a la velocidad con la que trabaja”, constata.
Sanciones
Con respecto al aplazamiento de estas nuevas obligaciones de registro hasta el 1 de enero de 2023, Fernández de Alarcón señala que es solo una solución temporal y confía en que la presión de las patronales hoteleras como CEHAT puedan hacer al ministerio “entrar en razón” y recular. Eso sí, llama a trabajar desde ya para lograr que Interior dé marcha atrás a la norma.
“No hay que dejarlo para el último momento. Hay que tener en cuenta que el incumplimiento de esas obligaciones conlleva sanciones para el sector turístico. Y que se consideran infracciones las irregularidades o deficiencias en el cumplimiento de los registros”, avisa el abogado, que indica que, de momento, el sector puede seguir como hasta ahora recogiendo los datos habituales del registro.
Los contactos
“Han sido numerosas las comunicaciones y reuniones mantenidas entre CEHAT y miembros de la administración de alto nivel, tanto por parte del Ministerio de Turismo, como del Ministerio del Interior, para poner en evidencia esta situación, y tratar de enmendarla a través de su desarrollo normativo”, señala la confederación en un comunicado interno al que ha tenido acceso HOSTELTUR.
Así, desde la patronal aseguran que seguirán trabajando para conseguir un texto normativo que se ajuste a la realidad de funcionamiento de los establecimientos hoteleros, posible en su cumplimiento, y acorde con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y sobre pagos. “Promoveremos toda clase de acciones para alcanzar este objetivo”, asegura.
Los hoteleros explican que el RD 933/2021 delega en el Ministerio del Interior la aprobación de sistemas y procedimientos para el modo en que debe hacerse la transmisión y conservación de los datos exigidos en aquél, algo que según la Secretaría de Estado de Turismo no se logrará hasta 2023.
Por ello, recomiendan a los establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos “continuar cumplimentando los partes de viajeros y comunicando los datos tal y como se ha venido haciendo hasta ahora, dadas las sucesivas menciones que se hacen al desarrollo normativo para su ejecución, y su consecuente inconcreción, lo que redunda en la imposibilidad de cumplir esta norma en los términos actuales”.