Blog

Gran parte de estos expedientes se pudieron subsanar porque con las alegaciones o la aportación de documentación adicional el caso quedó cerrado y la ayuda original aceptada. Sin embargo, al final ha quedado un porcentaje del 12% de autónomos que tendrán que devolver toda o parte de la ayuda concedida al no cumplir las condiciones requeridas, según han indicado fuentes próximas a la Seguridad Social.

Son las prestaciones que se improvisaron en el 2020 y de las que se beneficiaron 1,5 millones de autónomos

El caso arranca en el 2020, cuando se tuvieron que improvisar medidas para proteger a los autónomos, como fueron las prestaciones extraordinarias que llevaban asociadas exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social. Fueron unas medidas que tuvieron que desplegarse rápidamente y que ayudaron a un total de 1,5 millones de autónomos, nada menos que el 44% de los afiliados.

En aquel momento, las mutuas reconocieron de forma provisional estas solicitudes de ayudas en base a una simple declaración responsable presentada en cada caso por los interesados y una comprobación de los requisitos que en aquellos momentos era posible llevar a cabo. Posteriormente, ha llegado la revisión de estos casos, con un contundente informe del Tribunal de Cuentas en diciembre en el que, aunque reconocía que la implantación de la medida fue “eficaz”, también calificaba la gestión de “ineficiente” porque se observaron numerosas incidencias e ineficiencias.

Desde el mes de septiembre del año pasado que la Seguridad Social está llevando a cabo una revisión de los expedientes, una tarea que se ha ido desarrollando en los últimos meses hasta prácticamente concluir con la identificación de los 31.000 casos en que se reclama la devolución de la ayuda. Quedan algunos expedientes aún por examinar, pero las fuentes consultadas indican que son un número reducido que no cambiará significativamente el total. Estas ayudas forman parte del primer núcleo de prestaciones que se aprobaron para los autónomos durante la pandemia, las recogidas en el Real Decreto Ley 8/2020, que entró en vigor en marzo de aquel año.

En su informe de diciembre, el Tribunal de Cuentas identifica tres grandes grupos de incidencias que sumaban un montante total de 550 millones de euros, y pedía que se iniciara el proceso de revisión y que “cuando corresponda, se proceda al reintegro de las prestaciones indebidamente recibidas”. Es lo que ahora está llevando a cabo la Seguridad Social. El tribunal establecía tres grandes grupos de incidencias. Por un lado, 125.000 beneficiarios que no cumplían los requisitos, como no estar dado de alta a la Seguridad Social o no estar al corriente del pago de las cuotas. Un segundo grupo lo formaban 156.000 autónomos cuya actividad tenía asociado un código CNAE que no estaba incluido en el listado de actividades suspendidas. Y finalmente, detectó 69.000 beneficiarios con incidencias en la gestión de las exoneraciones de cuotas.

Dado que puede haber autónomos que estén incluidos en más de un grupo, el informe no permitía calcular cuál era exactamente el número de personas afectadas por las incidencias.