Hosteltur. El día 12 de marzo, el Gobierno aprobó un plan de ayudas para el sector, de las que 7.000 millones serán a fondo perdido. Sin embargo, la iniciativa ha decepcionado al sector por su insuficiencia y por no priorizar el turismo, que atraviesa una situación de emergencia diferencial, según apunta un informe de Exceltur. De hecho, de acuerdo con una encuesta realizada por esta agrupación, los empresarios turísticos otorgan una nota de 3,9 sobre 10 al plan. Los resultados del sondeo, que se cerró el 6 de abril, destacan que la cuantía aprobada por el Ejecutivo es muy escasa si se tienen en cuenta las crecientes pérdidas de las empresas y los costes que han soportado desde marzo de 2020. Además, temen que, con la transferencia de su gestión a las comunidades autónomas, los fondos no se puedan distribuir hasta bien entrado el verano, cuando las previsiones para el segundo trimestre de 2021 no son muy positivas. Asimismo, consideran que es previsible que las regiones utilicen criterios diferentes en la entrega de las ayudas. En este contexto, Exceltur propone una serie de modificaciones en el real decreto que recoge el plan de ayudas:

Una revisión de las 95 ramas de actividad, la gran mayoría no turísticas, que dan derecho a las ayudas, con el fin de reducirlas y centrarse las que están relacionadas con este sector, por ser las que más han acusado la caída de las ventas desde el inicio de la pandemia. Ampliar los porcentajes de ayudas, establecidos tanto para empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores, desde el 40% actual de la caída que exceda el descenso del 30% de las ventas en 2020 hasta el 60%, y en las de más de 10 trabajadores, 20% actual al 50%. Incrementar los límites máximos de percepción de ayudas para las medianas y grandes empresas, fijado en 200.000 euros, cuando se están estableciendo condiciones de sobre la remuneración de los directivos y el mantenimiento del empleo, y adaptarlos a los baremos de la mayor parte de países de la Unión Europea. Establecer un mecanismo de inyección financiera urgente, que permita que las ayudas lleguen a las empresas al inicio de mayo. Se trata de garantizar la supervivencia del máximo número de empresas viables y que puedan aprovechar así el reinicio del sector previsto para mediados de junio. Fijar unos criterios mínimos en todas las comunidades autónomas y evitar la variedad de condiciones, volumen de los pagos, obligaciones de los empresarios y capacidad de gestión que han caracterizado a los paquetes de ayudas directas que han aplicado hasta la fecha los gobiernos autonómicos.