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La Vanguardia. El Gobierno niega que el retraso del nuevo paquete se deba a disputas internas. Con la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario y el diseño alternativo de Podemos para las ayudas por 11.000 millones de euros sobre la mesa, ayer el Gobierno pasó en público de puntillas sobre los detalles del plan para las pymes anunciado hace un par de semanas por el presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, fuentes gubernamentales consultadas confirmaron que la esperada partida de ayudas directas será canalizada a través de las comunidades autónomas, en contra de la centralización defendida por la formación que lidera Pablo Iglesias. “No hay instrumentos desde la Administración central para distribuir las ayudas de este tipo. Si lo hiciéramos, tardarían cuatro o cinco meses en llegar”, argumentaron las mismas fuentes. Desde el Ejecutivo remarcaron también que las medidas para evitar una oleada de insolvencias estarán dirigidas a los sectores más afectados por la pandemia, el turístico, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio, tal y como anunció en su momento el presidente Sánchez. El socio minoritario en el Gobierno reclamó el lunes abrirlo a todos aquellos negocios que vieron reducir sensiblemente su facturación en el 2020, sin tener en cuenta la actividad. El importe de las ayudas para costes fijos como el alquiler y los suministros, uno de los tres pilares que conforman el paquete de medidas junto a las quitas de créditos ICO y la recapitalización de pequeñas y medianas empresas, sigue rodeado de incertidumbre. Ni la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ni la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quisieron aclarar si mantendrán la idea original de dedicar 5.000 de los 11.000 millones de euros a ayudas directas o se acercarán a los 8.000 millones que reclama Unidas Podemos. Preguntada por el nivel de ayuda que van a aprobar y la propuesta del vicepresidente Iglesias, Calviño replicó ante la prensa en el Senado que “esto no es una especie de subasta de cantidades”. Y lanzó un dardo a la formación morada: “Se trata de un trabajo serio, responsable y una cuestión muy compleja que no se resuelve con un tuit o una nota de dos páginas”. Mensaje Calviño responde a Podemos: “Esto es complejo, no se resuelve en un tuit”. Pese al mensaje de la vicepresidenta del área económica, tanto Calviño como la ministra de Hacienda pusieron todo su empeño en desvincular el retraso hasta el viernes de la aprobación del paquete de ayudas para pymes de disputas dentro del Ejecutivo. Hasta cinco veces, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno aseguró que la decisión se debe a “cuestiones técnicas”. “Solo y exclusivamente” a este tipo de cuestiones, insistió. Montero opinó también que “se trata de acertar con el esquema que permita cumplir mejor los objetivos” y que los equipos de Economía y Hacienda iban a dedicar los próximos dos días a “aquilatar elementos sugeridos por los órganos consultados”. “Esperamos que sea el paquete definitivo”, apostilló Montero. Por su parte, la vicepresidenta tercera aseguró que “estamos dando los últimos retoques, acabando de ajustar todos los detalles”, insistió. Calviño apostó por centrar los esfuerzos en que las “ayudas lleguen y se canalicen al conjunto de la economía, reduciendo el endeudamiento para que, cuando bajen las restricciones y se recupere la demanda, las empresas puedan afrontar la contratación de trabajadores y la recuperación”. Ayer, la asociación de autónomos ATA reclamó al Gobierno una inyección en ayudas directas de al menos 6.000 millones de euros con los que “indemnizar” al millón de trabajadores por cuenta propia que han perdido como mínimo la mitad de la actividad. Consejo extraordinario. Se amplía hasta fin de año la moratoria de los concursos de acreedores. Además, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero confirmó que el viernes aprobarán la ampliación de la moratoria de los concursos de acreedores, que expira el próximo 14 de marzo. El real decreto ley que ultima el Ejecutivo incluirá la prolongación hasta fin de año de la suspensión de la obligación de las empresas que entran en insolvencia de pedir el concurso antes de dos meses.