Exceltur urge al Gobierno a regular la vivienda turística por decreto-ley | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

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Exceltur urge al Gobierno a regular la vivienda turística por decreto-ley

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Hosteltur. El lobby turístico señala que las comunidades autónomas tienen muchas dificultades para hacer cumplir su propia normativa por la falta de una armonización nacional.

Las viviendas de uso turístico resurgen con fuerza en 2022 tras el desplome de la demanda turística durante la pandemia, que obligó a más de un 31% de las mismas a salir del mercado de forma temporal en las 20 principales ciudades españolas. Sin embargo, el informe Revitur, que acaba de publicar Exceltur, señala que en los tres primeros trimestres de este año ya se ha recuperado el 65% de esta caída, y con ella los problemas que trae su “crecimiento desmedido”. Urgen así al Gobierno a elaborar un decreto-ley que armonice todas las normativas existentes.

El modelo que representan las viviendas de uso turístico no se corresponde con el que persigue Exceltur, centrado en generar más ingresos y mejores márgenes, así como menor impacto medioambiental y mayor capacidad para empatizar con los residentes, según ha indicado hoy Gabriel Escarrer, presidente de esta entidad y CEO de Meliá Hotels International.

Con el objetivo de analizar los efectos del “resurgir de las viviendas turísticas en las ciudades españolas”, este lobby turístico ha impulsado el estudio Revitur, con la colaboración de las seis ciudades con mayor concentración de este tipo de alojamiento: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y San Sebastián, y centrado en las 20 con mayor tamaño turístico.

En los últimos diez años se ha pasado de las 346.921 plazas turísticas en todos los modos de alojamiento -hoteles, pensiones, hostales, fondas y aparthoteles-, que había en esas 20 ciudades, en 2010, a 788.136 en 2019, y la gran mayoría corresponde a viviendas turísticas. En concreto, 361.373, el 82% del crecimiento de toda esta nueva capacidad alojativa.

Muchos propietarios optan por el alquiler turístico debido a su alta rentabilidad, según destacó Óscar Perelli, director de Estudios e Investigación de Exceltur: 19.737 euros al año para una vivienda media de 80 metros cuadrados después de impuestos, frente 10.138 euros anuales del alquiler residencial, en 2022.

En este contexto, se ha producido un “crecimiento descontrolado”, con efectos adversos para las zonas de influencia de estas viviendas, ya que afecta a la identidad y convivencia en los barrios más emblemáticos de las ciudades, al tiempo que se ha disparado el precio de la vivienda.

Pero también para el destino en general, porque este usuario tiene un menor gasto medio, la derrama fiscal es baja y no genera empleo y cuando lo hace es de baja calidad, de acuerdo con las conclusiones del estudio.

Regulación nacional

Con el fin de controlar esta actividad, muchas comunidades autónomas han desarrollado su propia normativa, pero en la mayoría de los casos se están encontrando con graves problemas para cumplirla, según ha señalado Perelli. Por esta razón, desde Exceltur reclaman al Gobierno un marco legal, sin invadir competencias regionales, que ayude a los gobiernos autonómicos y ayuntamientos “a hacer cumplir sus normativas para ordenar el resurgir de un crecimiento descontrolado”.

El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha explicado que “no se pretende juzgar a las normativas regionales ni invadir las competencias de las comunidades autónomas”, sino evitar los frecuentes litigios que están registrando en muchas ciudades. Para ello reclaman “la actuación del Estado para que establezca un marco general, dentro de sus competencias”. Consideran que la fórmula del decreto-ley contribuiría a agilizar esta regulación porque “es más fácil y rápido”.

Una regulación que debería centrarse en clarificar la actividad turística en estas viviendas y el diseño de un contrato específico que delimite los derechos y deberes de los sujetos que intervienen.

Plantea, además, que se regulen las plataformas que comercializan este tipo de alojamiento y que se refuerce el papel de las comunidades de vecinos para que puedan autorizar o no, previa solicitud de un propietario, dicha actividad.