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Hosteltur. Fernández de Alarcón señala que las acciones formativas no deberían suponer un mayor coste para la empresa. Este lunes Gobierno y agentes sociales cerraban un principio de acuerdo para prorrogar las ayudas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 28 de febrero, en esta ocasión ligada a la formación de los trabajadores protegidos, una extensión que el Ejecutivo aprobaba el martes. Una iniciativa a todas luces loable, ya que redundará en una mejora de las competencias de los empleados que beneficiará a las empresas, pero que podría haberse puesto en marcha al arrancar este mecanismo de protección específico, hace ya más de un año y medio. “Tendría que haberse planteado desde el origen de una manera inteligente para que la gente al volver al trabajo contara con un grado más de especialidad”, explica a HOSTELTUR el socio del gabinete Monlex, José Antonio Fernández de Alarcón, que advierte de que tal y como se ha aprobado, en el último minuto y ligándolo a acciones formativas, va a suponer más bien un hándicap para que estas empresas se decidan a prorrogar el mecanismo. “Como si no hubiera habido tiempo para hablar de formación”, subraya Fernández de Alarcón.

“Hubiera sido una feliz idea que durante el año y pico que llevamos los trabajadores se hubieran podido formar. Han percibido una cantidad del Estado y la verdad es que había muchas ganas de formación”, lamenta el socio de Monlex.

En este sentido, incide que esta formación interesa al propio empresario siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que no les suponga un mayor coste “porque las empresas ahora no la pueden asumir, si no no pedirían el ERTE” y que no se sancione al empresario en el caso de que los trabajadores no cumplan con esa formación.

“La formación ha de ser gratuita. No se le puede pedir ahora a una empresa que monte un programa de formación online que tiene un coste y que no es algo fácil. Hay que acudir a empresas que se dedican a esto y estas trabajan a cambio de una retribución, por lo tanto entendemos que esto tiene que estar dentro de un programa de formación estatal”, asevera.

La nueva prórroga de los ERTE tal y como se conocen ahora concluye el próximo 28 de febrero y la patronal ya confía en que la recuperación económica haga posible que “sea la última”, una previsión con la que coincide Fernández de Alarcón.

“La sensación es que se acabó lo que se daba. Creo que están avisándonos de que esto termina y que deberíamos ponernos las pilas”, señala el abogado, que si bien no tiene claro que la pandemia vaya a acabar sí que espera una recuperación del turismo “si no hay sorpresas”. No obstante, recuerda que el hecho de que concluya esa prórroga no supone que los ERTE vayan a desaparecer.

“No hay que olvidar que el ERTE por fuerza mayor es una norma establecida desde 2012, no es un invento del Gobierno por la pandemia. Las empresas pueden acudir a los ERTE en cualquier momento si se dan las causas. Esta legislación específica de la pandemia los ha facilitado y ha convertido en una causa legal, por lo que era más fácil su tramitación y su aprobación por parte de la autoridad”, aclara.

En esta línea abunda en que esta figura va a seguir existiendo y pone un ejemplo de cómo se recurría a ella antes de la pandemia: “cuando hay una reforma hotelera históricamente siempre se ha aplicado un ERTE”, apunta Fernández de Alarcón, que mantiene que tras la crisis de la COVID-19 este mecanismo se va a seguir utilizando.

Coste de la formación

Así las cosas, la pregunta del millón es quién va a costear la formación de los trabajadores acogidos a los ERTE. La norma deja bien claro que no va a salirle gratis a los empresarios, sino que se les amplía el crédito para financiar estas actividades, según explica Carolina Ruiz, abogada especialista en temas laborales de Monlex.

“Sin perjuicio de los beneficios en materia de exoneraciones, las empresas que formen a personas afectadas por los ERTE tendrán derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada”, reza la norma.

Según detalla Ruiz, a la hora de ampliar ese crédito se distingue en función del tamaño de las empresas. Así para aquellas de 1 a 9 trabajadores el crédito es de 425 euros por persona, si cuenta con entre 10 y 49 empleados será de 400 euros por persona y si la compañía tienen 50 o más trabajadores será de 320 euros por persona.

¿Cómo quedan los ERTE?

¿Cómo quedan los ERTE en esta nueva prórroga? La abogada de Monlex explica que el esquema actual, que expiraba hoy 30 de septiembre, se extenderá hasta el próximo 31 de octubre e informa de un dato fundamental que las empresas deben tener en cuenta: la prórroga esta vez no es automática, por lo que las compañías que quieran tramitarla deben hacerlo entre el 1 y el 15 de octubre, periodo en el que se debe presentar la solicitud y la documentación para que el mecanismo se extienda a partir del 1 de noviembre.

Para este trámite se incorpora una nueva condición: “se pide una relación de horas o días de trabajo reducidos o suspendidos durante julio, agosto y septiembre identificando a los trabajadores y su centro de trabajo”, apunta Ruiz.

Asimismo, se fija definitivamente que el silencio administrativo se aplicará con carácter positivo, con lo que en ese caso si no se resuelven en diez días los nuevos ERTE se darán por aprobados, agrega.

Las acciones formativas deberán llevarse a cabo entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de junio de 2022 y estas deberán ser de 30 horas de duración en empresas de menos de 50 trabajadores y de 40 horas en aquellas de más de 50 empleados. “Habrá un control del Servicio Público de Empleo para verificar que se han llevado a cabo estas acciones”, avisa Ruiz.

Exoneraciones

En esta nueva prórroga, las exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social premian a aquellas que ofrezcan esta formación. Así, para los ERTE por impedimento, para las empresas de menos de 10 trabajadores que impartan estas acciones la exención es del 80%, frente al 50% para las que no lo hagan, mientras que las compañías de más de 50 trabajadores disfrutarán de una minoración de las cuotas del 80% si ofrecen formación y del 40% si no la llevan a cabo.

Entretanto, para los ERTE de impedimento, por limitación de actividad, en los que están incluidos sectores ultraprotegidos como la hostelería, se mantiene el 100% de exención en las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social sin vincularlo a programas formativos.

“La norma dice que la finalidad es mejorar las competencias profesionales del trabajador, priorizando aquello que sea necesario a las necesidades reales de la empresa, incluyendo competencias digitales, por lo que muchas empresas van a ver la oportunidad de poner al día a sus trabajadores en competencias digitales para exonerarse las cuotas”, incide.