El decreto catalán contra la vivienda turística, rechazado por Competencia
Hosteltur. La Autoridad Catalana de la Competencia considera que el Decreto Ley 3/2023 “no supera el análisis de necesidad y proporcionalidad, inherente a la buena regulación económica del mercado”.
La Autoridad Catalana de la Competencia, un organismo oficial de la Generalitat, ha emitido un informe que critica el reciente decreto ley contra las viviendas turísticas, el cual fue aprobado por el propio gobierno catalán.
Cabe recordar que el pasado 7 de noviembre el gobierno catalán aprobó un decreto ley que obligará a obtener licencia urbanística previa a viviendas de uso turístico en 262 municipios catalanes donde hay problemas de acceso a la vivienda o una alta concentración de esta modalidad de alojamiento. El decreto ley requiere además a los ayuntamientos que quieran tener pisos turísticos a desplegar un nuevo planeamiento urbanístico.
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En un nuevo giro de tuerca, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha emitido un informe cuyas conclusiones dicen lo siguiente:
- “La ACCO reconoce la existencia de un interés general legítimo que avala que se ejerza el abanico de acciones legislativas y ejecutivas propias de la política de vivienda, a fin de que se promuevan las condiciones necesarias y se establezcan las normas pertinentes que permitan hacer efectivo el derecho a la vivienda”.
- “Este interés general legítimo se configura como una razón imperiosa de interés general que puede justificar el establecimiento de determinadas restricciones a las condiciones de competencia en el mercado”
- “Sin embargo, la ACCO considera que el régimen de licencia urbanística previa, con las características que se establecen en el Decreto Ley 3/2023, no supera el análisis de necesidad y proporcionalidad, inherente a la buena regulación económica del mercado”
- Críticas también por la falta de debate público
El informe también se muestra muy crítico por la forma en que el gobierno catalán ha aprobado esta nueva regulación de las viviendas turísticas, pendiente aún de validación en el Parlament para que esas normas permanezcan de forma permanente en el ordenamiento jurídico.
Concretamente, la Autoridad Catalana de la Competencia afirma:
“No podemos dejar de poner de manifiesto que la vía escogida por el Govern de la Generalitat ha comportado que esta nueva regulación, muy restrictiva de una actividad económica, se haya incorporado al ordenamiento jurídico sin un debate previo, articulado a través de una fase formal de información pública y la correspondiente solicitud de informes técnicos, entre los cuales el correspondiente informe de regulación de la ACCO. Debate y reflexión conjunta desde diferentes puntos que hubiera permitido a la unidad impulsora de la medida captar las diferentes sensibilidades y aproximaciones tanto sobre la actividad objeto de la norma como la capacidad de esta para incidir en la grave problemática detectada”.
Regulación “no apropiada para garantizar la consecución de los objetivos”
Además, el informe expone que “el análisis empírico” de los datos de viviendas en Cataluña lleva a este organismo a concluir que:
- “La regulación impuesta en el Decreto Ley 3/2023 con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda y contribuir a revertir el problema del acceso a vivienda permanente en Cataluña se prevé no es apropiada para garantizar la consecución de estos objetivos
- “Existen medidas menos distorsionadoras que permiten alcanzar el objetivo de incrementar la oferta de vivienda sin incurrir en un perjuicio a las economías locales económicamente dependientes del sector terciario asociado al turismo”.
Por ejemplo, “en el análisis de los datos de viviendas vacías, se ha identificado que, en los municipios afectados por el Decreto Ley, el 2,94% de las viviendas totales son viviendas de uso turístico, mientras que el 9,58% de las viviendas totales son viviendas vacías”.
Valoraciones de Federatur
La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), muy crítica con el decreto de la Generalitat, considera que la publicación de este informe avala sus tesis.
Según indica David Riba, presidente de Federatur, “los datos del estudio hablan por sí mismos y demuestran que la regulación que pretende el Govern es un abuso que pone en peligro a miles de pequeñas y medianas empresas del país”.
“El estudio de la ACCO, de hecho, alerta de que el intervencionismo de las administraciones en el mercado solo se justifica por fallos en el mercado o bien para proteger el interés general, dos extremos que no se dan en el caso de la regulación de las viviendas de uso turístico”, añade Federatur.
“El sector apuesta por una regulación justa y equitativa que evite la desaparición de una alternativa de alojamiento que genera riqueza y actividad económica de forma directa y tiene mucha incidencia en comercios y negocios de proximidad”, concluye Riba.