Los 10 grandes cambios normativos para pymes y autónomos en 2025
La Vanguardia. Nuevos impuestos, la reducción de la jornada, factura electrónica o el aumento del Salario Mínimo, algunas medidas a las que tendrán que hacer frente los empresarios
La entrada del nuevo año trae consigo cambios, tanto legislativos como normativos que empresas y autónomos tienen que adoptar para seguir el curso de sus actividades económicas y no enfrentarse a sanciones por parte de las administraciones públicas. Entre las modificaciones, se encuentran variaciones en los impuestos y cotizaciones, la adopción de nuevas leyes, como la relativa a la facturación electrónica, y el debate y discusión parlamentaria de la reducción de la jornada laboral. También entrará en vigor una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Con la entrada de 2025, los autónomos en España ya cuentan con unas bases renovadas a la hora de pagar las cotizaciones, ya que el Ministerio de Seguridad Social detectó que el 80% de los autónomos optaba por la base mínima de cotización, por lo que el sistema estaba siendo deficitario en cuanto a su sostenibilidad en el tiempo.
Por este motivo, los trabajadores por cuenta propia se enfrentan a nuevas cuotas en sus cotizaciones sociales y podrán pagar hasta 90 euros más con respecto al año pasado, mientras que el 40% con menos ingresos contará con una rebaja de hasta 30 euros. De esta manera, las obligaciones del colectivo de trabajadores por cuenta propia irán desde los 200 a los 590 euros, en función de sus ingresos, y subirán para aquellos que declaran más de 1.700 netos cada mes. Como novedad, los tres tramos de rendimientos netos más bajos (hasta 1.125,90 euros al mes) tendrán un alivio de hasta 30 euros y sus cuotas serán de 260 euros mensuales, como máximo.
Por su parte, otros tres tramos intermedios (de 1.125 a 1.700 euros/mes) pagarán lo mismo: entre 291 y 294 euros al mes. Y los nueve tramos restantes, aquellos que superan los 1.700 euros al mes, tendrán que pagar más en sus correspondientes cuotas mensuales a partir de este año.
A nivel fiscal, una de las principales medidas que entrará en vigor será el IVA Franquiciado, relacionado con la posibilidad de eludir el IVA de las facturas y la presentación de la liquidación trimestral del impuesto. Este tributo está dirigido a autónomos que facturan menos de 85.000 euros al año, aunque su puesta en marcha cuenta con matices, ya que tan solo se pueden acoger a él aquellos profesionales que operen en estados miembros distintos de aquel en el que se devenga el IVA. Es decir, trabajadores por cuenta propia incluidos en la Directiva Europea 2020/285, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas empresas.
La negociación de la última reforma fiscal permitió a Junts una reducción del tipo impositivo en Sociedades que pasará del 25% al 23% en el caso de las empresas que facturan menos de 10 millones de euros anuales. Por otro lado también se contemplan beneficios en lo que respecta al tratamiento fiscal de las inversiones relacionadas con las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) a partir de este ejercicio.
A la hora de presentar la declaración de la renta, cuyo plazo se abre el 3 de abril, las empresas y autónomos contarán con un mayor margen de beneficios para realizarla. Hasta el año pasado, era obligatorio presentarla cuando se obtenían unos beneficios empresariales anuales de 15.000 euros. Este nuevo ejercicio la cuota se ha ampliado y ahora tendrán que hacerla, con carácter forzoso, aquellas que perciban 15.876 euros anuales de beneficios. Por un lado, se encuentran los autónomos que pertenecen a los seis primeros tramos de ingresos, que oscilan entre 670 y 1.700 euros. Estos tendrán una cuota mensual que se podría reducir desde 80,64 hasta 428 euros, dependiendo del tramo. Y, por otra parte, quienes perciban ingresos superiores a los 1.700 euros al mes. Estos verán un aumento en su cuota de autónomos y ésta variación oscilará entre los 272 y 970 euros mensuales, en función del tramo de cotización correspondiente.
Para tratar de ayudar a uno de los colectivos más desprotegidos, el Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha un subsidio destinado a los trabajadores por cuenta propia mayores de 52, que no se encuentran en edad de jubilación, pero que se ven obligados a cerrar sus negocios por motivos de fuerza mayor, como una crisis económica global. Se prevé que esta medida se desarrolle a lo largo del ejercicio y que entre en vigor en 2025, y podría complementarse con la aplicación del IVA franquiciado mencionado anteriormente, a pesar de que tal solo ayudará a un número muy reducido de trabajadores por cuenta propia.
También una medida dirigida para los autónomos es que se mantiene durante este año la declaración por módulos. De esta manera, los contribuyentes que calculen el rendimiento neto de sus actividades económicas por el método de estimación objetiva van a continuar pudiendo aplicar una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos obtenido. Si bien es cierto, este sistema tiene la previsión de desaparecer de cara al ejercicio correspondiente al año 2030.
Dejando a un lado las modificaciones fiscales, las pequeñas y medianas empresas y autónomos deben adaptarse a legislaciones que ya entraron en vigor el pasado 1 de enero.
La normativa más polémica y que más problemas causó en las negociaciones el año pasado fue la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales. El Ministerio de Trabajo se reunió en numerosas ocasiones con Cepyme, CEOE, CCOO y UGT para tratar de llegar a un acuerdo, pero las patronales se negaron a aceptar la reducción de la jornada laboral y finalmente Trabajo pactó la norma de manera unilateral con los Sindicatos y, de salir adelante en el Congreso, empresas y autónomos deberán reducir su jornada en 2025 de las 38 horas semanales a las 37,5. En este sentido, los agentes sociales implicados han mostrado su disconformidad con la manera de actuar del Gobierno y reclaman que se deje esta modificación a la negociación colectiva entre el empresario y los trabajadores.
También en relación con la lucha contra la precariedad laboral se adoptará el control horario. En este sentido, las empresas deberán contar con un sistema que ayude a registrar la hora de entrada y salida de los empleados y que reporte esta información directamente al Ministerio de Trabajo, ya que de no ser así, las pymes y trabajadores por cuenta propia podrían enfrentar multas de entre 1.000 y 10.000 euros por empleado afectado. Esta información deberá ser guardada durante cuatro años por si la cartera liderada por Yolanda Díaz la requiriera para realizar una revisión del horario.
Otro de los cambios que causó diversidad de opiniones fue la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por séptimo año consecutivo (desde 2018). Aunque todavía no se conoce la cifra exacta, el Ministerio de Trabajo estima el aumento en un 4%, hasta los 1.179 euros mensuales, mientras que los sindicatos reclaman un incremento de entre el 5%, para llegar a los 1.190 euros mensuales, y el 6% para alcanzar los 1.200 euros. De esta manera, desde el año 2018, cuando el SMI se encontraba en 736 euros mensuales, ha registrado un aumento de 443 euros, según subida que prevé Trabajo. Esta normativa, unida a la reducción de la jornada han contado con el rechazo de empresarios que verán afectada su capacidad de empleo de manera directa.
Otro de los cambios a los que se enfrentan las empresas y los autónomos es al de la adopción de la facturación electrónica. Con la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece, elaborada con el objetivo de agilizar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que permiten regularizar los negocios, entra en marcha la facturación de manera electrónica que deja atrás los métodos tradicionales (excel, papel…) y apuesta por una aplicación a la que el Ministerio de Hacienda tiene acceso con el objetivo de reducir los fraudes fiscales. El próximo año, en 2026, entrará una nueva medida en relación a la facturación electrónica y que prohibirá a los software que modifiquen los datos de las facturas sin enviar una alerta a la cartera dirigida por María Jesús Montero.
La obligación de la presentación de la factura electrónica afecta, en un primer momento, a las empresas que facturen más de 50.000 euros.