Bares y restaurantes de pueblo tendrán incentivos y beneficios fiscales
Hosteltur. Se reconocerán como entidades de economía social a los bares, restaurantes y pequeños comercios que prestan sus servicios en pueblos de menos de 200 habitantes.
El pleno del Congreso ha acordado por amplia mayoría tramitar la proposición de ley de Teruel Existe que considera entidades de economía social a los bares, restaurantes y pequeños comercios (incluida la venta ambulante) que prestan sus servicios en pueblos de menos de 200 habitantes.
Con 303 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones, la Cámara Baja ha aceptado tomar en consideración una norma que equipara estos establecimientos de pueblos pequeños con cooperativas, mutualidades, fundaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores o sociedades agrarias, pudiendo beneficiarse de los incentivos y beneficios que tienen reconocidos las entidades de la economía social.
Teruel Existe defiende en la exposición de motivos de su proposición de ley que los servicios básicos que se prestan de manera privada están desapareciendo en la España vaciada y que muchos municipios de menos de 200 habitantes no tienen o ven peligrar la supervivencia de su bar y comercio de alimentación.
“Estos establecimientos, especialmente los bares, suelen actuar también como centro social de convivencia y encuentro para la comunidad local, entre la gente del municipio, dado que no existen otros servicios de ocio, cultura o restauración”, añade el texto.
La norma incide en la importancia de estos servicios para luchar contra la despoblación, dado que hay estudios académicos que sostienen que en aquellos municipios donde se cierra un bar o pequeño comercio, la despoblación avanza mucho más rápido que donde se mantienen abiertos.
“Un pueblo está sentenciado cuando cierran la escuela y el bar”
“Los estudios indican que estos establecimientos fomentan la cohesión comunitaria y el desarrollo económico. Por contra, está socialmente aceptado que un pueblo está sentenciado cuando cierran la escuela y el bar”, reza la proposición.
Por ello, se reclama al Estado que facilite la sostenibilidad financiera y empresarial de estos establecimientos, “compensando así el servicio social que prestan estos establecimientos a la cohesión territorial de nuestro país y, en consecuencia, al bien común”.