Vuelve el alquiler turístico y la polémica sobre los modelos de regulación
Hosteltur. La falta de una armonización entre diferentes normativas genera inseguridad jurídica.
Con la recuperación del turismo, vuelve también el auge de las viviendas de uso turístico y, unido a él, la controversia entre propietarios, autoridades y residentes. Diversos colectivos critican las normativas establecidas o en proceso de elaboración, al tiempo que distintas organizaciones exigen una regulación que ofrezca seguridad jurídica a todas las partes implicadas.
Un 67% de los propietarios de viviendas que abandonaron el alquiler turístico en 2020 ante la ausencia de viajeros por la crisis sanitaria, ha recuperado este año dicha actividad, como publicó HOSTELTUR noticias de turismo en Los propietarios de pisos regresan al alquiler vacacional tras la COVID.
Un buen ejemplo de este auge es Santiago de Compostela, en la recta final de la celebración del Año Xacobeo, que ha registrado una gran proliferación de este tipo de alojamientos. Sin embargo, este verano los visitantes sufren las consecuencias de una falta de claridad en la regulación que ha obligado a muchos pisos a cancelar las reservas. Numerosos usuarios se han quedado sin este alojamiento debido a las anulaciones de los propietarios tras recibir notificaciones de sanción por parte del Ayuntamiento de la ciudad.
Por otro lado, en Valencia, las asociaciones vecinales están molestas por la nueva normativa que prepara el consistorio para organizar esta actividad.
Mientras tanto, organizaciones como la Confederación Española de Alojamientos Turísticos (CEHAT) y el lobby turístico Exceltur vuelven a exigir una mejor regulación de esta actividad.
Galicia: habilitaciones autonómicas y municipales
Conseguir una licencia para operar como vivienda de uso turístico en Galicia solo exigía el requisito de inscribirse en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) del gobierno autonómico y hacer una declaración responsable. Sin embargo, recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dan la razón a algunos ayuntamientos en la exigencia de una segunda licencia de carácter municipal.
En abril, el citado tribunal obligó al cierre de uno de estos alojamientos en Santiago de Compostela por carecer de la habilitación del Ayuntamiento, que rechaza que el casco antiguo, Patrimonio de la Humanidad desde 1985 y donde prolifera esta oferta, se convierta en un espacio exclusivo para este negocio. Ahora, en agosto, una nueva sentencia declara ilegal el uso turístico de otro piso sin licencia municipal.
En plenas vacaciones de verano, numerosos usuarios de este tipo viviendas se han quedado sin alojamiento porque sus propietarios han cancelado la reserva tras recibir notificaciones de sanción por parte de gobierno municipal. Se ha originado así una fuerte polémica entre el Ayuntamiento y los dueños de las mismas. Para la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), es suficiente el título habilitante del gobierno autonómico para operar.
Sin embargo, el alto tribual de Galicia mantiene el mismo criterio en otros destinos. Ha avalado también la pauta seguida por el Ayuntamiento de Pontevedra para limitar las viviendas turísticas. Establece que su uso “no se puede identificar con el residencial”. La propietaria de uno de estos inmuebles fue denunciada en 2019 por alquilar a turistas un piso situado en un cuarto piso del centro de la ciudad y el consistorio ordenó el cese de esta actividad.
Con la intención de buscar un equilibrio entre el derecho de los residentes al descanso y a la convivencia con el desarrollo de actividades económicas, el Ayuntamiento de Pontevedra autoriza el uso turístico de las viviendas en tres supuestos: que se trate de una vivienda unifamiliar, que se encuentre situada en planta baja o en primer piso (como cualquier otra actividad económica) o que se destine un edificio completo a tal finalidad.
“Alquiler ocasional” en Valencia
Por otro lado, el Área de Turismo del Ayuntamiento de Valencia tramita la denominada Ordenanza reguladora del Control de Vivienda de Uso Turístico, que introduce el concepto de “alquiler ocasional” y permitirá a los propietarios arrendar sus pisos como alojamiento para turistas durante un máximo de 60 días.
La Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia (FAAVV) considera que esta normativa fomentará problemas de convivencia y un aumento de los precios de alquiler, al tiempo que hará más difícil controlar esta actividad.
De aprobarse dicha ordenanza, “servirá para todo lo contrario, pues permitirá extender las viviendas de uso turístico a cualquier comunidad de vecinos”, añade. No entiende que la nueva normativa se limite “a introducir una nueva variante, el alquiler ocasional, una modalidad ni siquiera prevista en la Ley de Turismo”.
Reivindicaciones
Con el objetivo de evitar estas controversias, organizaciones como CEHAT y Exceltur reivindican una legislación adecuada y más armonizada tanto en el ámbito nacional como europeo.
La patronal hotelera considera que se “está llegando a un momento crítico” por lo que establecer condiciones equitativas en todos los servicios de alojamiento turístico es la única forma de proteger y beneficiar tanto a consumidores como a residentes y a las comunidades locales (más datos en CEHAT exige a Europa una legislación común para las viviendas turísticas).
Para Exceltur es prioritario que se aproveche la nueva Ley de Vivienda para impulsar una política que garantice seguridad jurídica y que se cumplan así las normativas autonómicas y locales que tratan de adecuar el fenómeno de las viviendas turísticas con la preservación de la identidad y calidad de vida a nivel local.
A su juicio, es clave desarrollar una regulación nacional que fije la naturaleza jurídica del alquiler de viviendas como alojamientos turísticos y el régimen jurídico de sus contratos, así como el tratamiento y obligaciones de las plataformas online que lo hacen posible. Sin olvidar definir su uso urbanístico para facilitar la labor a los responsables locales.
Esta agrupación, según anunció su vicepresidente, José Luis Zoreda, ultima un informe que analiza los vacíos legales de los pisos turísticos y su impacto en los destinos.