Hosteltur. El pasado mes de enero, tras aprobarse in extremis la cuarta prórroga de los de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el socio del gabinete Monlex, José Antonio Fernández de Alarcón, ya lamentaba que el acuerdo se alcanzara “sobre la campana y a final de mes”, algo que perjudica al sector, ya que “tras completarse este sudoku las empresas deben organizarse”. Este escenario ha vuelto a reproducirse este miércoles cuando Gobierno, patronal y sindicatos lograron finalmente desbloquear las negociaciones para extender el acuerdo hasta el 30 de septiembre “en el minuto 89 del partido”, critica Fernández de Alarcón. “Es lamentable que no se haya podido buscar esa solución hace tiempo, dado que las empresas turísticas necesitan un tiempo para coordinar su apertura para la temporada”, critica el socio de Monlex, quien advierte además de un empeoramiento de las exoneraciones con respecto al esquema actual, dado que en los sectores más afectados por la pandemia serán mayores las ayudas por trabajador reactivado que por empleado suspendido en aras de incentivar la reincorporación de trabajadores.
“Bienvenido sea este acuerdo social”, aplaude Fernández de Alarcón, que no obstante explica que no es el que querrían ni el sector empresarial, ni los sindicatos ni la propia ministra de Trabajo. “Lo que buscaban era una simple prórroga del sistema de ERTE actualmente vigente sin más hasta finales de septiembre”, aclara.
En este punto, recuerda que este verano el proceso de recuperación va a seguir siendo lento, por lo que no se va a ver un aluvión de ingresos desde los primeros días.
“Es sorprendente que no se entienda que no se puede cargar con un gasto inmediato a aquellas empresas que han estado cerradas durante meses e incluso durante un año y se les apliquen los gastos a partir del 1 de junio, esa parte no exonerada a la Seguridad Social que tienen que pagar incluso por los que están en ERTE, aquellos que no puedes activar”, advierte Fernández de Alarcón.
“Se sigue sin entender cómo funciona el sector turístico ni sus tiempos”, constata el socio de Monlex, quien pone un ejemplo gráfico de cómo puede afectar esta modificación a las exoneraciones: “un empresario que tenía tres hoteles y solo abre uno, tendrá que cargar con parte de la Seguridad Social de todos los trabajadores de los hoteles que están con la actividad suspendida, lo que resulta duro. Así se penaliza más a la pyme”, detalla.
En esta línea, apunta que se puede comprender la presión por parte de la Seguridad Social para ir reduciendo estos fondos destinados a los ERTE, si bien pide que no se haga “en contra del sentido común turístico”.
“Entiendo que haya pretensión de incentivar la incorporación de trabajadores, pero para reactivar hay un recorrido que puede durar unos tres meses, que es lo que va a durar la normativa”, recuerda.
En este punto, incide en una premisa que parece no tener en cuenta el Ejecutivo: que la estructura laboral congelada en el ERTE procede de un año récord como fue 2019, cuando se alcanzaron los 80 millones de turistas. “Pero ahora estamos en cifras que están entre los 15 y 20 millones, por lo que no se puede compatibilizar y eso ha de entenderse”, destaca.
Incertidumbre en septiembre
Una vez más el acuerdo se ha vuelto a alcanzar de nuevo en tiempo de descuento. Al respecto Fernández de Alarcón especifica que si bien es una estrategia de negociación muy utilizada en el ámbito laboral, censura que vuelva a aplicarse “cuando hay tanto en juego, como preparar toda la industria turística, para lo cual los empresarios necesitan hacer sus previsiones”.
Si bien las grandes y medianas empresas sí pueden tener esa facilidad de aplicar la normativa, el abogado observa que en el mundo turístico hay muchas pymes que tal vez no tienen esa misma capacidad para organizarse en tan poco tiempo.
¿Cambiará el Ejecutivo su estrategia de negociación en septiembre, cuando expira esta quinta prórroga? Visto lo visto en esta ocasión Fernández de Alarcón no es optimista. “Volverá la incertidumbre. Lo pasaremos peor que nunca porque serán más duros para prorrogar y seguirán con una estrategia de presión porque para ellos aparentemente la situación ha mejorado en relación con el año pasado”, vaticina.
En este sentido, el abogado abunda en la necesidad de que esta información esté ya bien clara el 1 de septiembre para “no tener que esperar al 30 de septiembre a saber qué va a pasar con las empresas a partir de octubre”.
¿Cómo quedan los ERTE?
Sectores ultraprotegidos:
En el caso de los ERTE de fuerza mayor para las empresas de sectores especialmente perjudicados por la pandemia, así como aquellas de su cadena de valor o cuya facturación dependa de las primeras, se establecen diferencias en función de los trabajadores suspendidos y los activados.
Según explica Moncloa, con el objetivo de incentivar la activación de empleo, en esta ocasión se incluyen unas exoneraciones mayores para los casos de los trabajadores que se reincorporen a la actividad: del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
Por contra, cuando mantengan a los trabajadores suspendidos, habrá una exoneración del 85% en junio, julio y agosto y del 70% en septiembre si la empresa tiene menos de 50 trabajadoras. En el caso de contar con 50 trabajadores o más, las exoneraciones serán del 75% en junio, julio y agosto y del 60% en septiembre
ERTE de limitación o impedimento:
Los ERTE por limitación de su actividad se verán prorrogados con un nuevo esquema de exoneraciones, de forma que si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, la ayuda será del 85% en junio y julio, y del 75% en agosto y septiembre, mientras que si tiene más de 50 empleados la exención será del 75% en junio y julio, y del 65% en agosto y septiembre. En cualquier caso estas reducciones son muy inferiores a las del anterior acuerdo.
De igual modo, las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en los próximos cuatro meses en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de las restricciones administrativas para luchar contra la pandemia podrán solicitar un ERTE de impedimento.
Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de cierre del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.
Fijos discontinuos
El sistema de ERTE vigente a partir del 1 de junio mantiene las características de flexibilidad del modelo anterior y se ajusta al ciclo de actividad del tejido productivo acorde con la evolución de la pandemia.
La norma dispone, para el colectivo de fijos discontinuos y aquellas personas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, la obligación de que las empresas procedan a su incorporación efectiva durante los períodos teóricos de llamamiento de las personas trabajadoras.
En caso de que no puedan desarrollar su actividad en el periodo de llamamiento, se dispone su afectación por los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a fecha de entrada en vigor de esta norma o autorizados con posterioridad.
Contador a cero
El acuerdo de prórroga sigue protegiendo los trabajadores acogidos a un ERTE, que no consumirán derechos respecto a una futura prestación por desempleo, manteniendo el “contador a cero” hasta el 1 de enero de 2022.
Asimismo, mantendrán su vigencia las medidas extraordinarias recogidas en el esquema actual relativas a la salvaguarda del empleo, la prohibición del despido o la interrupción del cómputo de los contratos temporales, así como los límites relacionados con el reparto de dividendos, el uso de horas extraordinarias y las externalizaciones.
Según los datos del Gobierno, actualmente hay alrededor de 558.000 trabajadores en situación de ERTE, de los que poco más 233.000 se encuadran entre los sectores ultraprotegidos o vinculados a ellos, 137.000 se encuentran en ERTE por limitación y cerca de 16.300 en ERTE por impedimento.
