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El Periódico. La vicepresidenta económica del Gobierno español anuncia que permitirá no solo dar subvenciones sino también quitas y préstamos participativos. También espera enviar en marzo el plan nacional de reformas e inversiones necesario para acceder a los 140.000 millones del fondo de recuperación. La posible quiebra de empresas sanas por los efectos de la pandemia del covid19 se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza de la Eurozona. La Comisión Europea amplió y flexibilizó hace unas semanas el marco temporal de ayudas de estado, aplicable hasta el 31 de diciembre de 2021, y España ultima ya su adaptación al mismo para aliviar y amortiguar el impacto de la crisis. Según ha anunciado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el Gobierno español espera aprobar en marzo un nuevo plan de medidas que incluirá subsidios directos, quitas de deuda y préstamos participativos.

“Esperamos que a lo largo del mes de marzo se pueda aprobar este nuevo paquete de ayudas”, ha explicado Calviño poco antes de participar en la reunión mensual de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, que ha incluido un debate sobre la solvencia de las empresas. Según ha explicado la vicepresidenta, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha trabajado en este nuevo paquete de medidas de apoyo con el Banco de España y el sector financiero, como adelantó EL PERIÓDICO, porque “está claro que en esta nueva fase es imprescindible que los bancos sigan siendo parte de la solución”.

La respuesta se enmarca en el paraguas de ayudas públicas ya autorizado por la Comisión Europea el año pasado pero que permitirá ofrecer ahora un “catálogo mayor” de medidas. “Dado que la Comisión ha cambiado el marco de ayudas recientemente hemos enviado para su autorización un marco más amplio que permite ayudas hasta el 31 de diciembre de este año. Permite ayudas a las empresas de una mayor magnitud de las que estaban autorizadas hasta ahora, la realización de quitas y el uso de otros instrumentos financieros como préstamos participativos para apoyar la solvencia de las empresas”, ha insistido cifrando en un 20% del PIB el apoyo público concedido hasta ahora: un 15% a través de medidas de liquidez y un 5% a través de ayudas directas.

Por ejemplo, solo en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social, ayudas a autónomos o incapacidad laboral, el Gobierno español se ha gastado 40.800 millones de euros en 2020 a los que se suman 16.000 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas y corporaciones locales, para apoyar as las empresas en el marco de sus competencias, y otros 8.000 millones previstos este año.

Evitar retirada abrupta

En este sentido, Calviño ha cerrado filas con la recomendación de la Comisión Europea de no retirar las ayudas de forma prematura. ”Tenemos que proteger lo logrado estos meses gracias a la red de seguridad que hemos tejido. Hemos protegido el tejido productivo, el empleo, las rentas de las familias y tenemos que asegurarnos de mantener todo lo ganado y seguir acompañando a las empresas en estas semanas duras que todavía tenemos por delante”, ha insistido. El siguiente paso será identificar “las empresas que eran fundamentalmente viables antes de la llegada de la pandemia” y cuya situación de solvencia “se puede ver debilitada por la intensa caída de actividad” y “encontrarse en una situación de sobreendeudamiento que pueda suponer un lastre para su recuperación, reactivación e inversiones de cara a futuro”.

Además de no retirar prematuramente las ayudas directas, España es partidaria de mantener en suspenso las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de forma que los gobiernos puedan seguir inyectando financiación mientras se mantenga la incertidumbre económica. “Es importante seguir manteniendo una política monetaria y fiscal que contribuya de forma decidida a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo”, ha explicado sobre un debate que tendrá lugar “de aquí al verano”, de cara a la preparación de los presupuestos de 2022.

Plan de reformas, en marzo

La vicepresidenta también se ha referido al plan de reformas e inversión español, necesario para recibir los 140.000 millones de euros asignados por la UE a España en el marco del nuevo plan de recuperación. Según ha explicado, el gobierno todavía no ha concluido la revisión de las 30 fichas que componen el plan, incluida la reforma laboral o las pensiones. “Nos quedan unas semanas para terminar los detalles del plan para su envío formal a Bruselas” aunque esperan su aprobación “en el mes de junio”. El aprobado permitirá acceder a un desembolso anticipado del 13% lo que significa acceder a unos 10.000 millones de euros.

Según ha aclarado Calviño, España tiene intención de movilizar todos los recursos a su disposición, los casi 70.000 millones en subvenciones a fondos perdido y también los préstamos. “Nuestra prioridad en este primer momento es movilizar la totalidad de las transferencias asignadas a nuestro país y si es preciso los créditos correspondientes. (…) En ningún momento se ha planteado que no haya una movilización total de todos los recursos a disposición de nuestro país en el plan, que es tan importante no solo para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en 2021, sino también el crecimiento potencial a medio y largo plazo”, ha indicado.