Registro de viajeros: ni cambios a la vista ni respuestas para las agencias
Hosteltur. El Ejecutivo no prevé cambios en el RD 933/2021 y más de 500 días después de su entrada en vigor, sigue en estudio la orden ministerial mientras omite el papel de las agencias.
El Gobierno se reitera en su defensa del registro de viajeros y no contempla modificar el Real Decreto 933/2021. Según ha podido saber Hosteltur, el Ejecutivo insiste en que la norma refuerza la seguridad y no afecta a la competitividad turística, pero centra su argumentario en alojamientos y empresas de alquiler de vehículos, sin abordar el encaje de las agencias de viaje. Mientras, CEAV vuelve a advertir de que la inclusión de las agencias puede duplicar datos que ya remiten los proveedores finales y añadir cargas operativas al sector. Su posición se mantiene a la espera de la orden ministerial que debe concretar aspectos clave de aplicación y que, 518 días después de la entrada en vigor del registro, sigue en fase de estudio.
El Gobierno mantiene su defensa del Real Decreto 933/2021, que regula las obligaciones de registro documental e información para actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor sin conductor, según ha podido confirmar Hosteltur.
En su argumentario, el Ejecutivo sostiene que el sistema responde a objetivos de seguridad ciudadana y prevención frente al terrorismo y el crimen organizado, una justificación ya empleada por Interior cuando activó el nuevo registro el 2 de diciembre de 2024.
En una respuesta parlamentaria al senador Agustín Almodóbar, a la que ha tenido acceso Hosteltur, el Gobierno no introduce cambios en la posición mantenida hasta ahora. Tampoco despeja las dudas del sector sobre el desarrollo pendiente de la norma, especialmente en lo relativo a la orden ministerial que debe precisar su aplicación práctica.
La orden ministerial sigue pendiente 518 días después
Uno de los puntos más relevantes es que el Gobierno mantiene que continúa estudiando la elaboración de la orden ministerial. Esta situación se produce 518 días después de la entrada en vigor del registro de viajeros, el 2 de diciembre de 2024.
La falta de desarrollo reglamentario mantiene abiertas cuestiones operativas para el sector turístico, especialmente para las agencias de viajes, que reclaman claridad sobre su papel en la recopilación y comunicación de datos. La respuesta parlamentaria vuelve a poner el foco en alojamientos turísticos y empresas de alquiler de vehículos, pero no entra de forma específica en la problemática planteada por las agencias.
CEAV alerta de duplicidades
José Manuel Lastra, vicepresidente de CEAV, defiende que el sector comparte la necesidad de reforzar la seguridad, pero cuestiona que las agencias tengan que intervenir cuando la información ya es remitida por los proveedores finales.
“El hecho de que tanto los intermediarios como los prestadores finales de los servicios tengan que aportar los mismos datos genera una duplicidad (a veces más) de información que lo único que puede sobrellevar es saturación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, señala Lastra.
“Si la información ya la facilita el proveedor final del servicio, que son hoteles y compañías de alquiler de coche, ¿qué sentido tiene que intervengan las agencias?”, plantea.
Desde CEAV consideran que esta situación puede incluso dificultar el objetivo de seguridad que persigue la norma. “Lo que puede llegar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una información duplicada o triplicada que puede entorpecer esa labor de seguridad”, advierte Lastra.
Cargas operativas para las agencias
Más allá del debate sobre la duplicidad de datos, CEAV insiste en la incidencia directa que el registro tiene sobre la actividad diaria de las agencias. Lastra apunta a dificultades en la recopilación de información por parte de los clientes y al funcionamiento de la plataforma como elementos que complican la aplicación práctica del sistema.
En este sentido, apunta a “los inconvenientes que el cumplimiento de la norma (a veces imposible) genera al sector, en muchos casos, pequeñas y medianas empresas”.
La patronal mantiene, por ahora, una posición de espera hasta conocer el contenido de la orden ministerial. En cualquier caso, José Manuel Lastra señala que el hecho de que no se nombre a las agencias de viajes, “es una evidencia de la falta de conocimiento de la realidad de nuestro sector. Seguimos a la espera de la publicación de la orden ministerial, que esperamos aclare y module la norma, para seguir analizando la cuestión, siempre en defensa de los intereses de nuestro sector”.