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Verifactu: la prueba de fuego de la digitalización se retrasa

La Vanguardia. Hacienda estima que la medida mejorará la trazabilidad total de las transacciones, el control inmediato y la reducción del fraude fiscal

España tiene cerca de 3 millones de empresas (el 99,8% son pymes, según los datos del Ministerio de Industria y Turismo), y 3,43 millones de autónomos (a 31 de diciembre del 2025), una cifra récord. Según el Observatorio TeamSystem: Radiografía y diagnóstico de pymes, autónomos y asesorías , elaborado por Ipsos, el 35% todavía factura en papel y boli o Excel. Pero en 2027, tanto unos como otros deberán emitir sus facturas con un código QR. Es lo que se conoce como Verifactu.

Tanta es la polémica que ha generado que, finalmente, le ha costado al Gobierno retrasar su entrada en vigor hasta enero (empresas) y julio (autónomos) del 2027 (estaba prevista para este 2026). La justificación de Hacienda es promover la digitalización y reducir el fraude, pero tan solo el 8% de autónomos y pymes lo habían implementado a finales de noviembre pasado, un dato que retrata la inoperabilidad de una medida que genera todavía muchas reticencias. Lorenzo Amor Acedo, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), lo celebró como una “victoria sel sentido común”.

La historia arranca antes, con la Ley Antifraude, que entró en vigor en julio del 2025 y que ya impone una serie de requisitos técnicos a cualquier software de facturación: los registros no se pueden editar, los datos básicos son inamovibles y todo queda trazado para evitar manipulaciones. Sobre esa base llega Verifactu, que añade una capa más: un código QR en cada factura que indicará si ésta ha sido registrada o no en la Agencia Tributaria. “A Hacienda se le envía un registro, no la factura”, aclara Jordi Masvidal, gerente de Anteo Castelldefels, asesoría fiscal con años de experiencia acompañando a autónomos y pymes. “En ese registro, además, no figuran el concepto ni la descripción de la operación, solo los datos básicos de la transacción”.

La norma, junto a la Ley Antifraude, busca atacar un problema enquistado en nuestro país. “Se hacen muchísimas trampas hoy en día en facturación”, reconoce Masvidal, que cita casuísticas habituales como las facturas a nombre de quien no corresponde, los cambios de destinatario o las modificaciones retroactivas. Ahora serán imposibles de hacer sin dejar rastro. “Es una medida muy efectiva, y también una declaración de principios”, afirma.

Para muchos autónomos y pymes, en cambio, se trata de una medida recaudatoria más. “La sensación de mayor fiscalización pesa. Para el autónomo que ya tiene varias cargas, parece una presión más”, reconoce José Rodríguez, responsable de producto de Holded, una de las principales plataformas de gestión empresarial del país.

Un autónomo o empresa que use un software de facturación o ERP tiene un coste medio de unos 25 euros mensuales. Para quien todavía factura en papel o en Excel, dar el salto implica empezar a pagar esa cuota mensual más el tiempo de adaptación y, en algunos casos, la migración de datos históricos. “Las modificaciones normativas te obligan a gastar más dinero. La gente ha tenido que invertir, eso está claro”, señala Masvidal, que recuerda que muchos de sus clientes ya habían hecho desembolsos importantes para adaptarse a los plazos anteriores, que después se retrasaron. Para aquellos que no quieran o no puedan hacer la inversión, la AEAT ha puesto a disposición pública y de forma gratuita un software muy sencillo de facturación homologado. La digitalización, no obstante, parece imposible de eludir.

Masvidal también apunta a problemas técnicos todavía sin resolver. “Si hago una factura en enero y tengo que registrarla con fecha de diciembre, no puedo, y eso es un problema que podría generar sanciones mal resueltas. Unas sanciones que ascienden a los 50.000 euros para usuarios (empresas y autónomos) y hasta 150.000 euros para comercializadores y fabricantes de plataformas y softwares.

Uno de los debates más insólitos que ha generado Verifactu ha sido el del Excel. La Agencia Tributaria acepta técnicamente las hojas de cálculo como herramienta de facturación, pero con una serie de requisitos tan específicos que, en la práctica, lo hacen inviable para el usuario medio. “Ha habido mucha controversia con este tema”, admite Rodríguez. “A partir del 2027, quien facture en Excel tendrá que cumplir condiciones que, a nivel usuario, serán casi imposibles de sostener”.

El retraso es una oportunidad para muchos, pero también un síntoma muy claro. En un país donde casi seis de cada diez pequeños negocios y autónomos siguen sin adaptarse a la factura electrónica, habrá que ver si se cumplen finalmente los plazos y si el tejido empresarial habrá hecho la transición digital para entonces. Quedan todavía nueve meses para decidirse.

Ley Crea y Crece

Aprobada en 2022, una de sus medidas propone que las facturas dejen de poder emitirse en PDF para pasar a un formato estructurado, previsiblemente XML, como ya ocurre en Italia, Portugal o Francia. La fecha estimada de entrada en vigor de esta propuesta sería también 2027, aunque aún no se ha aprobado el reglamento técnico. La obligación se aplicará de forma escalonada: las empresas con una facturación anual superior a los ocho millones de euros tendrán un año desde la publicación del reglamento para adaptarse, mientras que el resto de empresas y autónomos dispondrán de dos años.