Pimec aplaude la campaña de Salut sobre las bajas pero reclama reducir las listas de espera: "El absentismo es insostenible" | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

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Pimec aplaude la campaña de Salut sobre las bajas pero reclama reducir las listas de espera: “El absentismo es insostenible”

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El Periódico. La patronal de las pequeñas y medianas empresas urge al Govern a presentar ya un proyecto de presupuestos para 2026: “La partida que se empiece a jugar ya”.

La patronal Pimec ha aplaudido la campaña impulsada desde la conselleria de Salut para colgar carteles por los centros de atención primaria (CAP) reclamando a los catalanes que hagan un “buen uso” de las bajas laborales. Mientras los sindicatos consideraron “insultante” la medida, desde la organización de las pequeñas y medianas empresas han celebrado “enormemente” la publicidad, si bien también reclama a la Generalitat que no solo ponga el foco en el ciudadano e invierta para reducir las listas de espera.

“No culpamos ni vamos en contra de nadie, pero el absentismo es insostenible”, ha afirmado el presidente de Pimec, Antoni Cañete, este jueves en un acto con periodistas. La campaña informativa de Salut en los CAP señala directamente al ciudadano, en tanto que “Catalunya tiene el 17% de afiliados a la Seguridad Social del Estado español, pero acumula el 25% de las bajas laborales de todo el estado. Hacer un buen uso es también tu responsabilidad”, reza el mensaje.

¿Cómo se hace un buen uso de una baja médica, que por normativa condece un facultativo? “No hacer cosas diferentes de lo que marca la prescripción médica” y así “recuperarse lo antes posible”, ha afirmado Cañete. Los sindicatos CCOO y UGT, que emitieron un día antes comunicados reclamando la retirada de la medida, ven directamente una intención de desincentivar a los empleados enfermos a que vayan al médico a solicitarla, insinuando que están abusando de un derecho.

Cañete ha reclamado más medidas al margen de las informativas y una reducción inmediata de las listas de espera, un cuello de botella para la recuperación de trabajadores enfermos. El tiempo medio de espera hoy en día para obtener una cita médica es de 9,78 días, según el último barometro del CES.

Reclaman al Govern acelerar con los presupuestos

Desde Pimec han urgido también al Govern para que presente cuanto antes en el Parlament un proyecto de presupuestos para 2026. El president Salvador Illa prometió acometer unas nuevas cuentas públicas, pero la falta de una mayoría asegurada para sacarlas adelante está provocando una demora. Por ley, la conselleria de Economia debería remitir al Parlament sobre el 15 de octubre un proyecto de presupuestos, para así dar margen a las diferentes entidades fiscalizadoras para emitir sus evaluaciones y poder tramitar las cuentas con margen suficiente para que estas entren en vigor el 1 de enero del ejercicio siguiente.

El Govern ha incumplido ese plazo, algo que viene siendo la norma en la última década, y por el momento no ha dado pistas de cuándo dará el paso y empezará a tramitar el proyecto. Desde Pimec consideran que debe empezar a actuar, así como insta a los demás partidos a que se pongan de acuerdo y pacten. “La partida que se empiece a jugar ya”, ha afirmado Cañete.

SMI: un 3% es una subida “adecuada”

El Gobierno ha comenzado a negociar esta semana con patronal y sindicatos la subida del salario mínimo interprofesional para 2026. En las mesas de diálogo social estatal no se sienta Pimec, que aguarda a la expectativa para saber cuánto tendrán que actualizar sus nóminas las pequeñas y medianas empresas con lo que se acabe pactando en Madrid. “El SMI lo más alto posible mientras no destruya empleo ni cierre empresas”, ha opinado Cañete.

Sobre la propuesta concreta que maneja el Ministerio de Trabajo, que rondaría el 3%, sin tributar IRPF, lo verían como una subida “adecuada”, aunque siempre que las empresas puedan compensar o absorber complementos para amortiguar parte de esa subida. También ha afeado al Ejecutivo que suba el SMI pero no revise al alza los contratos públicos en vigor, lo que obliga a empresas que licitan con la Administración a asumir mayores costes, pero sin recibir más recursos.