Los autónomos llegan a los tribunales para evitar devolver las ayudas del Covid: estas son las vías que tienen | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

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Los autónomos llegan a los tribunales para evitar devolver las ayudas del Covid: estas son las vías que tienen

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La Vanguardia. Las mutuas reclaman por carta las prestaciones indebidamente concedidas. Se dieron más de 3.700 millones de euros a 1,48 millones de profesionales

Los autónomos llegan a los tribunales para evitar devolver las ayudas que recibieron durante la pandemia. Estos profesionales han empezado a recibir desde hace dos meses las cartas de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social reclamándoles que acrediten si cumplían con los requisitos para recibirlas y, en caso contrario, pidiendo la devolución del dinero. Carlos Moreno, abogado senior de Unive Abogados, asegura que las mutuas están pidiendo el reembolso incluso a autónomos que cumplían con los requisitos y sus expedientes ya eran definitivos. Ahora les parece insuficiente la manera de acreditarlos.

¿En qué consistían estas ayudas?

Estas prestaciones se pusieron en marcha el 14 de marzo de 2020, coincidiendo con la declaración del estado de alarma por el Covid-19, y hasta el 30 de junio de ese año, con el objetivo de que los autónomos afectados por el cierre total del negocio o la menor facturación durante la pandemia pudieran subsistir. En total, se concedieron ayudas a 1,48 millones de profesionales por un montante de 3.741 millones de euros.

¿Por qué se reclaman ahora?

El Tribunal de Cuentas, en su informe del 20 de diciembre de 2023, detectó “incumplimientos significativos” de los requisitos legales exigidos para percibir las ayudas, así como múltiples incidencias en el procedimiento de reconocimiento, gestión y control de estas prestaciones. La falta de claridad de la normativa y las continuas modificaciones (se cambió hasta siete veces) provocaron discriminación en la concesión ya que, según el momento, a cada autónomo se le exigió unas condiciones y forma de acreditarlas diferentes. Carlos Moreno indica que por eso las mutuas encargadas de la gestión de estas ayudas están actualmente revisando todos los expedientes y reclamando la devolución de las prestaciones en los casos en los que entienden que no se reunían los requisitos para ser concedidas.

¿A quién afectan las devoluciones?

Según el abogado de Unive, los reembolsos afectan a los autónomos que no cumplían con los requisitos para percibir esta prestación. “La cruda realidad es que, en muchos casos los requisitos no se reunían (por poco o por mucho) pero aún así las ayudas se concedieron con carácter provisional e incluso han llegado a declararse definitivas en algunos casos”, indica. No obstante, Moreno añade que hay profesionales a los que se les está reclamando la devolución aunque su expediente se haya declarado definitivo o cumplieran con los requisitos, bajo el argumento de que no están bien acreditados.

¿Qué pueden hacer los afectados?

Según el experto, los autónomos primero deben acreditar a la mutua pertinente que reunían los requisitos para percibir la ayuda y no verse obligados a devolverla. Se puede dar que los autónomos no cumplan los requisitos y entonces estén abocados a devolver el dinero. Sin embargo, si no tienen liquidez para hacerlo, lo mejor es acudir a la vía judicial para tratar de evitarlo. Del mismo modo, los profesionales a los que se les exige el pago aún cumpliendo las condiciones, también les queda solo acudir a los tribunales.

¿Qué pueden alegar?

La opción es acudir a la vía judicial y plantear una demanda para que se aplique la doctrina Cakarevic del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Esta doctrina establece que si el ciudadano ha actuado de buena fe, no resulta procedente exigir el reembolso de las prestaciones indebidamente percibidas cuando el error es imputable exclusivamente a las autoridades y supondría una carga desproporcionada para el beneficiario. Moreno asegura que es muy difícil que los tribunales inferiores puedan aplicar esta doctrina de forma automática ya que procede de una caso de Croacia con distinta regulación a la nacional, pero apunta a que los asuntos tendrán recorrido judicial hasta llegar al Tribunal Supremo.