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Hosteltur. Empresas de la hostelería española unidas en la plataforma La Hostelería de Todos y de la mano del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, el 11 de febrero presentarán las 50 primeras reclamaciones ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a las que se irán sumando semanalmente las demás hasta el 14 de marzo, cuando se cumple un año de la entrada en vigor del estado de alarma. Según publicó HOSTELTUR en Las agencias estudian denunciar al Estado por lucro cesante, también el sector de agencias, se ha planteado una denuncia directa contra el Gobierno Central.

Desde restaurantes con estrellas Michelin a tascas, más de un millar de locales de hostelería de todo el país presentan este jueves una macrodemanda sin precedentes para reclamar al Estado y las autonomías indemnizaciones por los cierres porque, según han declarado a Efe, “si no nos dejan trabajar, tenemos derecho a ser compensados”.

Las primeras reclamaciones son el primer trámite para reclamar ante el Tribunal Supremo daños y perjuicios por las medidas adoptadas por el Gobierno central y las comunidades autónomas, que ha costado el cierre de 100.000 establecimientos y un millón de puestos de trabajo. La resolución del alto tribunal llegaría en un mínimo de dos años.

“Tenemos derecho a ser indemnizados por los cierres; hemos adecuado nuestros negocios y tomado medidas pero al Estado y a las autonomías no les vale nada. Y seguimos pagando impuestos”, protesta Begoña Fraire, cocinera y propietaria del restaurante Étimo (Madrid) e impulsora de la plataforma que ha unido a la hostelería en esta macrodemanda.

Fraire pretende que “la hostelería se una y sepa que tiene derecho a reclamar”; ya superan el millar los adheridos a la iniciativa, sin que cese de aumentar la cifra en una respuesta “bastante espectacular”, dice a Efe, para resaltar que se trata de un sector “muy agotado”.

No niega que se trata de un “caso difícil”, pero confía en el criterio de un bufete de abogados “con experiencia en demandas colectivas” y que cuenta con exmagistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional y catedráticos que consideran que tienen derecho a percibir el lucro cesante por los cierres de 2020.

Fraire, que ha creado la plataforma lahosteleriadetodos.org como herramienta para que todos aquellos hosteleros que lo deseen presenten su demanda, subraya la independencia política de la iniciativa: “Nos da igual quién esté en el Gobierno, sólo queremos buenos gestores”. Por el momento, indica, el Ejecutivo no se ha puesto en contacto con la plataforma.

Tanto ella como el resto de los portavoces -Pepa Muñoz (Qüenco de Pepa), Alfonso García (Casa Alfonso), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), Iñaki López de Viñaspre (Grupo Sagardi) y Alfonso Pastor (Grupo Caterdata)- defienden que la hostelería “no es la culpable” de la situación pandémica actual.

“Somos la víctima propiciatoria para que las administraciones públicas se eximan de la responsabilidad de adoptar medidas que no están tomando, como contratación de personal médico y de rastreadores o aumento de ucis. Somos sus chivos expiatorios”, manifiesta a Efe López de Viñaspre.

Este cocinero y empresario también encuentra “un nivel de moralina importante” en los cierres y restricciones al sector: “Es como decirnos: no podemos permitir que te lo pases bien con la que está cayendo; esto no lo vamos a cambiar por muchas medidas que adoptemos”.

Pepa Muñoz ya impulsó protestas como la que convocó a cocineros frente al Congreso de los Diputados en abril de 2020. Ahora está “convencidísima” del éxito de estas demandas agrupadas en un caso único porque “no puede ser que todo sean restricciones y no haya ningún tipo de ayudas; no podemos estar sólo para pagar impuestos”.

Recuerda que otros países europeos han actuado a favor de la hostelería -Alemania ha probado este semana un nuevo paquete de ayudas directas y la rebaja el IVA hasta el 7 % para bares y restaurantes hasta finales del 2022- y reclama “al menos medidas que puedan posibilitar la supervivencia del sector”.

“Al no haber turismo no importamos, pero no por eso debemos dejar de luchar, no queremos tirar la toalla”, afirma quien recuerda que la hostelería “siempre ha llevado a España por bandera en el exterior”.

En cuanto a la fundamentación jurídica de las demandas, el abogado Diego Solana, de Cremades & Calvo-Sotelo, explica a Efe que se basa en la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y la Ley orgánica que regula el estado de alarma, que prevé indemnizaciones por daños y perjuicios.

“Tenemos un caso que merece la pena plantear ante la justicia”, añade. Las indemnizaciones que se exigen alcanzan los 62 millones de euros -dependen de las ganancias de cada local en los años previos-, aunque la cifra crecerá porque cada día se suman nuevas demandas.

Asegura que, actualmente, la hostelería “no ve otra salida” aunque sostiene que “el pleito no es el fin, es un medio para ayudar a evitar la destrucción del sector”.