España será el país donde el coste de las pensiones será más alto de toda la OCDE
La Vanguardia. El gasto en jubilaciones superará en el 2050 el 17% del PIB, frente al 11% de Alemania
La OCDE volvió ayer a agitar el miedo sobre una posible insostenibilidad del sistema de pensiones en España al advertir que el importe a pagar en jubilaciones en el 2050 será el más elevado entre el grupo de países avanzados que forman parte de la organización. Sus cálculos son que en el 2050 España dedicará el equivalente al 17,3% de su PIB a pagar pensiones. Es una cifra muy superior al 11% que se estima para Alemania, locomotora y primera economía de la Unión Europea. Y es casi cuatro puntos superior a la factura actual de España, según las estimaciones de la OCDE.
Rápidamente, desde el Ministerio de Inclusión que dirige Elma Saiz trataron de matizar los datos al afirmar que la tabla comparativa entre países (ver información adjunta) incluye “una información desfasada” y que el porcentaje es menor. No incluye las últimas reformas o previsiones de mejora del PIB. Pero lo que sí permite la tabla es hacer comparaciones entre países de forma homogénea. La media estimada de gasto de los países de la OCDE en pensiones en el 2050 es del 10%, siete puntos menos.
Es el cuarto país donde se espera que más crezca el número de jubilados en relación con el de trabajadores
“En España, la brecha entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la seguridad social se ampliará en las próximas décadas si no se realizan más reformas, a pesar de las elevadas cotizaciones”, señala el informe. Además de los datos armonizados para todos los estados, la OCDE da cuenta de los cálculos de otros organismos como la Airef para España, que rebaja el coste total de las pensiones al 16,1% del PIB en el 2050.
El informe es el estudio bienal de pensiones publicado este jueves. Obviamente, el principal factor que impulsa ese aumento del coste es el envejecimiento de la población. Junto con España, los otros países en los que la factura será más abultada en los próximos años son aquellos en los se espera un fuerte envejecimiento demográfico y que tienen un sistema de pensiones relativamente generoso. Son los casos de Italia (15,5% del PIB), Bélgica (14,8%), Portugal (14,6%) y Austria (14%).
Por otro lado, España será de los países que tendrá una mayor tasa de dependencia demográfica. Es el ratio entre los mayores de 65 años y los que tienen de 20 a 64, es decir, que están en edad de trabajar. El número de pensionistas por trabajador. En esta ratio, en el 2054, España solo quedará por detrás de Corea, Japón e Italia.
El Gobierno descarta tomar medidas pese a las recomendaciones de la OCDE de ampliar las años de cotización
En un informe de Funcas publicado este mes se calculaba que España necesitaría un trabajador inmigrante por cada nueva alta de jubilación en España, ya que el importe medio que perciben los pensionistas que acceden al sistema es similar a lo que ingresan de media los trabajadores foráneos.
Los autores del informe publicado ayer por la OCDE no hacen recomendaciones de reformas, como sí que las hizo para España el miércoles pasado en Madrid el secretario general de la organización, Mathias Cormann.
A juicio del representante de la OCDE sería positivo ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión, que ahora está en los últimos 25 años de cotización. En relación con esta recomendación, ayer desde Barcelona, la ministra Elma Saiz descartó que deba extraerse la necesidad de tomar “medidas adicionales” a las actuales, informa Efe.
En declaraciones a los medios, Saiz recordó las medidas ya puestas en marcha para la reforma del sistema de pensiones y el hecho de que pasara “con éxito” el examen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). “Lo que constata el haber pasado estos exámenes es que no hay que tomar medidas adicionales”, dijo.
A nivel global, la OCDE advierte en su informe de ayer de que el envejecimiento demográfico, provocado por el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, seguirá incrementando la presión fiscal sobre los sistemas de pensiones, en un momento de alta deuda pública y de demandas de gasto contrapuestas.