El impuesto al plástico entra en vigor con el rechazo del sector
El Periódico. Las empresas temen que la medida empeore aún más la crisis inflacionista.
El sector confiaba en un aplazamientoaúltimahora,pero,finalmente, el impuesto a los plásticos de un solo uso haentrado en vigor. Lo hace pese a la oposición frontal de industrias como la de la alimentación, la moda, la logística o la automoción, entre otras, que en las últimas semanas hanredoblado la presión para aplazar supuestaen marcha con el argumento de quelatasaempeorarátodavíamás la crisis inflacionista en general y la situación en particular de las compañías y las distintas industrias. Pero el Gobierno no incluyó una moratoria en su nuevo paquete de medidas anti-inflación, por lo que el tributo empiece a rodar. Y lo ha hecho desde el 1 de enero, con el inicio del nuevo año. España, pionera en la UE Esto implica, entre otras cosas, queEspaña se convierte en el primer país de la Unión Europea (EU) en tener en funcionamiento un impuesto demandado desde Bruselas. La Comisión Europea aprobó en 2020 una norma por la que cada Estado tenía que pagar 80 céntimos por cada kilogramo de residuo plástico que no se reciclara al final de suvida útil. La idea era que todo el dinero recaudado con esta finalidad se dirigiera afinanciar el plan de recuperación asociado a los fondos Next Generation, y la propuesta para los países fue que sacaran suparte de, entre otras cosas, un nuevo impuesto a los plásticos que no puedan reciclarse. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez se puso manos a la obra enseguida, presentando aquel mismo año un anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que se acabó aprobando la primavera pasada. Entrelas medidas que se incluyen destaca un impuesto de 0,45 euros por cada kilogramo de plástico de un solo uso que tendrán que pagar fabricantes o importadores de este material en España. Uno de los acuerdos a los que se había llegado era que este tributo empezara a aplicarse en 2023 para dar margen a los afectados a buscar alternativas o planificar laforma de hacer frente a la nueva carga. «Todoesto cambia y moderniza cadenas de producción, pero además nos implica como consumidores a la hora de identificar y descartar aquellas prácticas más lesivas para el medio ambiente, como puede ser el sobreenvasado de bienes yproductos», justificaba en marzo del pasado año la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Los que quedan exentos La cuestión es que entonces empezó a dispararse de forma drástica la inflación, y, consecuentemente, también lo hicieron los problemas que enfrentaban las empresas más sensibles al incremento del precio de la energía, del transporte o de las materias primas. Este iba a suponer un coste adicional. Solo quedan exentos del gravamen nuevo los medicamentos, los productos agrícolas y el reciclado mecánico certificado, así como las tiendas de barrio y los supermercados que no superen los 400 metros cuadrados. «Supondrá añadir sobrecostes a las empresas en un contexto especialmente delicado, una prueba más de resistencia para unos sectores que llevan meses sometidos a un gran incremento de costes a los que ahora, si la situación no se reconduce, deberán sumar una medida que tendrá un impacto directo de 690 millones de euros», denuncian una quincena de organizaciones implicadas en los principales sectores de consumo. A su juicio, la medida impactarádirectamente en las exportaciones de sus sectores y pondrá en riesgo operaciones de inversión extranjera que podrían preferir destinos más asequibles. A ello añadenqueelefectoseráespecialmente perjudicial para lasempresas pequeñas, que no tendrán otra alternativa que asumir ellas el sobrecoste. Sin embargo, todo eso parece no haber alterado los planes del Gobierno, animado además por una cierta moderación del nivel general de precios comparado con la media de la zona euro y de la UE. La expectativa era que el Ejecutivo aplazara un año la aplicación del impuesto como una medida más del nuevo paquete anti-inflación, pero el Consejo de Ministros ha aprobado su plan y en él no hay rastro de moratoria. Es decir, que España estrenará en Europa el impuesto al plástico de un solo uso, un tributo que esperan que se traduzca en una recaudación extraordinaria de en torno a 500 millones de euros.