El Gobierno regula el Mecanismo Red para proteger el empleo ante una crisis
Hosteltur. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto ley con el desarrollo normativo que establece el fondo y las condiciones de funcionamiento del denominado Mecanismo Red de flexibilidad y estabilización del empleo, el instrumento diseñado para proteger el mercado laboral ante crisis cíclicas o sectoriales. Una fórmula que ya se utilizó durante la pandemia para el sector de las agencias de viajes en su modalidad sectorial.
El fondo que permite poner en marcha estos nuevos modelos de ERTE va a tener una dotación presupuestaria anual que saldrá del superávit de las cuotas por desempleo, unos 4.000 millones actualmente, y del excedente en bonificaciones a los que se quieren sumar unos 3.000 millones de fondos europeos, según ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Este fondo, asignado en una cuenta en el Banco de España, garantizará la financiación adecuada para la protección social de las personas trabajadoras acogidas al mecanismo y las exoneraciones a las empresas “En tiempos de crisis no hay que despedir a nadie”, ha incidido Díaz, que ha contrapuesto este modelo a la denominada “mochila austriaca” que plantea el PP en su programa y que supone, ha añadido, que el trabajador “cargue con el coste de su despido”.
La vicepresidenta ha recordado que estos mecanismos Red, que debe activar el Consejo de Ministros en situaciones de crisis, cuentan con un esquema de exoneraciones para las empresas, que van del 20% al 60%, y que están vinculadas al desarrollo de acciones formativas.
En cuanto a los trabajadores, percibirán una prestación del 70% de la base reguladora durante todo el periodo, que no consumirá paro.
En este desarrollo reglamentario, explica Trabajo, se contemplan los beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las empresas, así como las acciones formativas y el compromiso del mantenimiento del empleo al que van vinculadas dichas exenciones en la cotización.
Asimismo, queda estipulado en esta normativa que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social será la autoridad laboral competente para pronunciarse sobre los requisitos alegados para solicitar esta ayuda.
La normativa también desarrolla el procedimiento por el cual se puede solicitar esta ayuda garantizando la participación de los interlocutores sociales.