El Gobierno acepta que una agencia independiente controle los lobbies
La Vanguardia. El PP y Junts se resisten por ahora a apoyar la nueva ley pese a las concesiones
El Gobierno se ha abierto a modificar uno de los elementos más controvertidos de la ley que aspira a regular los grupos de interés, los conocidos como lobbies. Como pedía el PP, ha aceptado que sea una autoridad independiente la que se encargue de controlar esta actividad. Sin embargo, el movimiento no parece suficiente para desatascar el proyecto de ley porque el PP y Junts se muestran por ahora opuestos a apoyarlo.
A diferencia del planteamiento inicial, ya no será la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, la que se encargue de supervisar los lobbies. La idea no gustaba ni al PP ni a Sumar ni a Bildu.
La idea es ceder estas funciones al nuevo organismo anunciado por Pedro Sánchez
La novedad es que la nueva función dependerá de un organismo autónomo, en principio la agencia independiente de integridad pública anunciada por Pedro Sánchez en julio como parte del plan de lucha contra la corrupción. La supervisión de los lobbies formará parte de sus funciones. Como la nueva agencia aún no existe ni tiene dotaciones, se ha acordado que durante un año la OCI asuma las labores administrativas relacionadas con el control de lobbies y el Comisionado de Transparencia se haga cargo de labores como los recursos y las peticiones. Así, la norma podrá arrancar de forma inmediata. Pasado el año, la nueva autoridad tomará los mandos y podrá imponer sanciones.
El proyecto de ley se encuentra en su fase final, sin fecha para elevarlo a pleno. Hay consenso en torno a su necesidad. El 80% de las enmiendas se ha aceptado o transaccionado.
Solventado el problema de la independencia del supervisor de los lobbies , el PP dice fundamentar su rechazo en aspectos como la falta de garantías de una regulación nacional coherente o el incumplimiento de estándares internacionales. Es al menos lo que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha transmitido a la asociación del gremio, APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales). Se muestra sin embargo abierto a “colaboraciones constructivas”.
Esta norma intenta poner orden en la actividad de los lobbies y resolver una carencia de España, de los pocos países de Europa que no tiene regulada la relación entre los grupos de interés y los políticos. Además de un registro obligatorio, establece un código de conducta y obliga a dar publicidad de las reuniones con representantes de la administración. También obliga a que las leyes incluyan los nombres de los lobbies que han interactuado durante su elaboración. Su aprobación se encuentra vinculada a la llegada de fondos europeos.
Esta situación molesta a los propios profesionales del gremio. “Está generando frustración en los profesionales”, lamenta Carlos Parry, presidente APRI. “En la profesión llevamos años reclamando seguridad jurídica” y “no entendemos que los intereses partidistas se pongan por delante”.
La ley afecta a funcionarios de la Administración General del Estado (AGE). No atañe a los diputados porque eso depende de un cambio en el reglamento del Congreso que ya se está tramitando. Tampoco influye sobre ayuntamientos y comunidades autónomas. Catalunya, Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha ya tienen sus propias leyes sobre esta materia.