El Estado cede y pospone la entrada en vigor del nuevo registro de viajeros
Canarias7. El sector turístico de Canarias aplaude la sensatez del Gobierno de España y agradece que se hayan valorado las consecuencias que iba a tener en los negocios turísticos
El Gobierno de España ha comunicado de forma extraoficial a la CEOE que ampliará la moratoria para retrasar la entrada en vigor del real decreto 933/2021, que obliga a los establecimientos del sector turístico -alojamientos, rent a car, agencias de viaje…- a pedir a los viajeros datos que van más allá de los que aparecen en documentos oficiales. Además del DNI, el nuevo registro exige que los negocios soliciten datos de la tarjeta de crédito, grado de parentesco entre los viajeros, teléfono móvil y vivienda habitual, entre otros, que exceden y chocan la normativa de protección de datos europea y coloca a las empresas en una situación compleja para recabar esa información y ante un posible robo. El nuevo registro iba a empezar a aplicarse en una semana.
Fuentes del sector turístico de las islas han confirmado a CANARIAS7 la existencia de esa comunicación, que está a falta de oficialiarse y de concretarse las condiciones de esa nueva prórroga. Algo que se hará en una reunión en próximos días. «Estamos gestionando una reunión con los Ministerios de Turismo e Interior para abordar este asunto, y les mantendremos puntualmente informados sobre todos los detalles», se recoge en la comunicación que la CEOE ha remitido a sus asociados, a los que informa que la nueva prórroga «responde a la necesidad de consensuar los términos de aplicación con la CEOE (sujetos obligados)».
Como se recordará, el sector turístico en peso de Canarias y del conjunto del Estado expresó la semana pasada su malestar por la entrada en vigor de esta normativa, que iba a empezar a aplicarse a partir del 1 de octubre tras varias prórrogas. Incluso, agencias de viaje y turoperadores europeos habían expresado su malestar y oposición a esta norma, al entender que quedaban desprotegidos sus clientes.
Hoy mismo, la Mesa del Turismo reclamó al Gobierno la suspensión de la norma «dada la imposibilidad de cumplimiento de la norma para las empresas turísticas y potencial conflicto con la Ley de Protección de Datos».