Consumo investiga a los portales inmobiliarios que publican anuncios que incumplen la ley de Vivienda
La Vanguardia. El ministerio liderado por Pablo Bustinduy ha detectado prácticas que podrían ser consideradas “desleales por engañosas” en zonas tensionadas.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha anunciado este viernes que ha abierto una investigación a los portales inmobiliarios que publiquen anuncios de vivienda en alquiler que no cumplan con la ley de Vivienda. La investigación se abre tras haber detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial en viviendas en zonas declaradas como tensionadas. El ministerio no nombra ningún portal directamente ni aporta cifras de momento.
En concreto, en el punto de mira se encuentran los anuncios de pisos en zonas tensionadas que ofrezcan precios superiores a los fijados por la ley de Vivienda para los grandes tenedores o que no incluyan el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en esta vivienda, para el caso de los particulares. También afecta a viviendas de titularidad pública que se anuncian en estos portales.
Estas prácticas podrían ser infracciones de la normativa de consumo como “prácticas desleales por engañosas” y, por tanto, acarrear sanciones, alerta el ministerio.
Recuerda que la ley de Servicios de Atención a la Clientela, en vigor desde finales de diciembre, obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios online de viviendas ubicadas en zonas tensionadas de forma clara y accesible la información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa, como por ejemplo, la última renta del contrato anterior para los particulares o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.
Así, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, informó el 29 de diciembre por carta a los diferentes portales inmobiliarios de las implicaciones para sus anuncios de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y de su responsabilidad como intermediarios entre arrendador y arrendatario.