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El sector turístico admite su “preocupación” por las nuevas obligaciones sobre el registro de viajeros establecidas por el Ministerio del Interior en el Real Decreto 933/2021, que exige la comunicación de decenas de datos personales de los clientes a hoteles, empresas de rent a car y agencias de viajes, que en algunos casos ni tan siquiera son técnicamente viables para las propias empresas. Así lo ha manifestado a HOSTELTUR Inmaculada Benito, la directora de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE, que ha anunciado que se ha creado precisamente un grupo de trabajo intersectorial para participar en el desarrollo de la nueva normativa.

“Hemos creado un grupo de trabajo con todos los afectados y lo que queremos solicitar es que el desarrollo de las órdenes ministeriales correspondientes, que el Real Decreto contempla, se haga a partir de la colaboración público-privada”, explica Benito.

El grupo de trabajo intersectorial estará integrado por representantes de los sectores hoteleros, de los cámpings, el turismo rural, las agencias de viajes físicas y online y las empresas de rent a car.

La directora de Turismo aclara que desde la CEOE quieren “ayudar a la coordinación” del desarrollo de esta regulación. “Lo que nos preocupa es que mucha de esa información que se solicita no la tienen las empresas”, afirma, y por ello quieren que lo que se demande por parte de Interior sea “viable” desde la operativa de cada uno de los subsectores.

Por ejemplo, entre los datos que tiene que aportar la agencia de viajes que gestiona la reserva de un alquiler de un vehículo se incluye el modelo del coche, la matrícula, el número de bastidor, el color e incluso el número de kilómetros a la recogida y a la devolución y los datos del GPS.

Un decreto de máximos

Benito afirma que desde CEOE defienden “la necesidad de velar por la seguridad de los destinos y los clientes”, que es lo que pretende el Ministerio del Interior con esta nueva regulación, “pero que sea desde un punto de vista viable y tal y como hacen otros destinos europeos”.

Sobre este punto, reconoce que el Gobierno español ha ido a “un decreto de máximos” al exigir muchos más datos personales de los viajeros que en países vecinos.

Insiste en que se trata de unos registros documentales que hay que “matizar en el desarrollo de unas órdenes ministeriales que queremos que estén ajustadas a la realidad del sector”.

Seguridad jurídica

Pero las empresas turísticas no solo están preocupadas porque los datos que pide la Administración sean técnicamente posibles, sino que también demandan, según Benito, “seguridad jurídica”, dado que se piden datos muy sensibles de los clientes que reserven un alojamiento o alquilen un vehículo.

En concreto, las empresas tienen que comunicar a Interior datos detallados del medio de pago de la reserva. Es decir, tipo de pago (efectivo, tarjeta de crédito, plataforma de pago, transferencia…); identificación del medio de pago (tipo de tarjeta y número, IBAN de la cuenta bancaria, solución de pago por móvil…); titular del medio de pago; fecha de caducidad de la tarjeta y fecha del pago.

Otra petición del sector turístico al Ministerio del Interior es que “cualquier obligación para las empresas no supongan ni nuevas cargas administrativas ni económicas ni por supuesto incumplimientos de otras normativas”, como es el caso de la Ley de Protección de Datos.

Hay que recordar que el Real Decreto obliga a las empresas a conservar los datos de las reservas de sus clientes durante tres años.