Reforma legal para aumentar las ayudas directas a pymes
Cinco Días. Desde que comenzara la pandemia se han ido aprobando una serie de medidas con el fin de paliar el impacto en los colectivos más vulnerables. En España, autónomos y pequeñas empresas son los que más han sufrido las consecuencias de la crisis. Muchos de ellos han tenido que cerrar sus negocios y los que aún sobreviven se enfrentan a restricciones, reducciones de horarios y aforos, etc., que les dificulta poder mantener sus actividades. Por ello, reclaman ayudas directas para poder mantenerse activos.
El pasado 28 de enero, la Comisión Europea aprobó una nueva modificación del marco temporal europeo. Este nuevo marco incluye la posibilidad de convertir las ayudas establecidas en anticipos reembolsables, en préstamos, garantías u otro tipo de subvenciones directas.
Además, el plazo de esta medidas e amplía hasta el 31 de diciembre de 2021. Ya desde el mes de octubre el Gobierno de España estaba trabajando con la Comisión Europea para la revisión de este marco temporal de ayudas de la Unión Europea y ahora parece que se va a poner en marcha.
¿Qué puede suponer esta modificación en las ayudas en nuestro país? ¿Cuál es el objetivo de este cambio de marco legal en España? ¿A qué ayudas pueden acogerse autónomos y pymes actualmente?
Este nuevo marco legal tiene como objetivo principal el de adaptar la respuesta económica y social a la pandemia a las necesidades reales de la actualidad. De esta manera, se pretende continuar preservando el empleo y la productividad, así como reformar la solvencia de los negocios.
La intención de España es acelerar el proceso de autorización de la modificación de este cambio en el marco legal para poder poner en marcha las herramientas necesarias con el fin de impulsar la recuperación empresarial. Por ello, tras la aprobación publicada por la Comisión Europea, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno ha acordado esta extensión de las ayudas con el objetivo de poder aplicarlas a las distintas Administraciones. Es necesario que la Comisión Europea apruebe la puesta en marcha de estas ayudas del marco español.
Medidas vigentes
Actualmente, se ha destinado el 20% del PIB de nuestro país a ayudas con el fin de proteger el empleo y salvar a las empresas. De este porcentaje, el 15% era para medidas de liquidez y el 5% restante es el que corresponde a ayudas directas. Esto es lo que se pretende modificar, gracias a la entrada en vigor de este nuevo marco legal europeo.
El Gobierno ha adelantado que una vez que la Comisión apruebe esta nueva normativa una de las primeras medidas que lanzarán irán enfocadas a aliviar la carga financiera de las pymes y los autónomos. Se trata seguir en la línea de los ya puestos en marcha aplazamientos de pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, así como la flexibilización en el pago de las rentas de alquileres.
Actualmente, las ayudas directas vigentes más destacadas son los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la prestación extraordinaria para profesionales autónomos y las incapacidades laborales por la pandemia. Estas suponen un total de 40.800 millones de euros.
Además, se han ido aprobando varias líneas de avales del ICO desde marzo de 2020. Todas ellas han sido dirigidas a ayudas directas del Fondo de Apoyo a la Solvencia y ascienden a 116.000 millones de euros en financiación para empresas.
De igual manera, se ha dotado a las comunidades autónomas de una financiación extra para poder tener un margen presupuestario para poder hacer frente a los problemas de las pymes y autónomos particulares de cada territorio.
De hecho, para este 2021, el Gobierno ha anunciado que va a fijar una transferencia extraordinaria de 13.400 millones de euros, además de dotar a las comunidades autónomas de recursos de los fondos europeos.
En concreto, las comunidades autónomas contarán con 10.000 millones de euros del fondo React-EU, con el fin de reforzar el sistema sanitario e impulsar el crecimiento económico más sostenible. Por su parte, las moratorias de pagos de créditos han sido fundamentales para la liquidez de los negocios. El pasado 2 de febrero se aprobó su extensión nueves meses, gracias a la modificación del marco regulatorio por parte de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
También fue muy importante la extensión del periodo de carencia y del plazo de amortización de las líneas de avales del ICO, aprobadas en el mes de noviembre. Este tipo de financiación aporta más margen a las empresas para poder recuperar su actividad y facturación.
Todas estas ayudas, y las que puedan sumarse una vez aprobado el marco legal europeo, se añadirán a las específicas concedidas por las comunidades autónomas y ayuntamientos, para adaptarse a la situación específica de cada región.