El Gobierno aplaza el real decreto de vivienda hasta después del verano por falta de apoyos
La Vanguardia. El Ministerio de Vivienda espera aprobar la medida en el Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre.
El Gobierno ha decidido posponer el decreto ley de vivienda que incluía la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, una medida a la que el Consejo de Ministros iba a dar mañana el visto bueno. El Ejecutivo retrasa su aprobación hasta septiembre ante la falta de los apoyos necesarios de sus socios de investidura para su convalidación en el Congreso, según han confirmado fuentes gubernamentales.
A pesar de ello, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana asegura que no descarta la posibilidad de llegar a “un acuerdo amplio y transversal” para sacar adelante un ambicioso paquete de medidas que dé estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible. “La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura”, ha aseverado en un comunicado la cartera que lidera que lidera Isabel Rodríguez. No obstante, considera que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada “la complejidad” del texto.
Por este motivo, el ministerio ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios que están arrasando miles de hectáreas en España y obligando a desalojos masivos. No obstante, se compromete a hacer “todo lo que esté en su mano” para lograr “el mejor acuerdo posible” en aras de garantizar el derecho a la vivienda.
El real decreto de vivienda incluye medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler. Además, se incluye una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler que podrán solicitarla aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio del 2028, lo que amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias de la medida.
Otro objetivo del decreto es movilizar vivienda asequible, para lo que contempla el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos y medidas de agilidad administrativa, además de la reforma de la ley del suelo. También estaba previsto que recogiera una propuesta a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios sin alternativa habitacional.
Sin embargo, cuenta hasta el momento con pocas opciones de salir adelante en el Congreso, pues hay varios aspectos del texto que Podemos, Junts y PNV no ven con buenos ojos. En el caso de la formación liderada por Carles Puigdemont, se ha mostrado en desacuerdo con medidas que recoge el real decreto que, a su parecer, “perpetúan las okupaciones”, además de no recoger propuestas de este partido.
Por su parte, el PNV quieren una modificación de la Ley del Suelo que responda a las necesidades de los gestores municipales, una regulación del alquiler de temporada que evite el fraude y lo diferencie del turístico, y una delimitación clara de las competencias autonómicas que evite una recentralización de las políticas de vivienda. Respecto a la Ley del Suelo, el grupo parlamentario considera imprescindible “dar mayor seguridad jurídica y agilidad a los planeamientos urbanísticos” para “construir vivienda con mayor dinamismo”, retomando una proposición de ley que ya presentó y fue rechazada.
En cuanto a los pisos turísticos, quiere que se aplique el 10% que corresponde a su carácter de actividad económica y, por tanto, se le aplique el IVA correspondiente al hospedaje, del 10%. Respecto a la prórroga de alquileres, el grupo vasco está dispuesto a apoyarla siempre que esté limitada en el tiempo y que el arrendatario lleve al menos doce meses al corriente del pago, para así “garantizar estabilidad a quien cumple regularmente con sus obligaciones y, al mismo tiempo, seguridad jurídica a quien pone una vivienda en alquiler”.
Por el contrario, la formación de Ione Belarra exige como “condición ineludible” para negociar su apoyo a su convalidación en septiembre que se eliminen los artículos que reforman la Ley del Suelo. De acuerdo con el borrador, este modificaría el sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados.
El primero de los cambios implicaría, según Podemos, legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros, y el segundo eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin; una reforma que considera “hecha a medida” de los promotores de la Operación Chamartín.
EL Gobierno ya aprobó el pasado mes de marzo un real decreto que prorrogaba de manera extraordinaria los alquileres de vivienda habitual una vez finalice la duración por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviese entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, el voto en contra de Junts, tumbó la norma aunque el Ejecutivo mantuvo que todos los inquilinos que solicitaron la prórroga durante los 30 días que estuvo en vigor debían tener derecho a ella.