La Administración pública y las grandes empresas incumplen los plazos de pago y comprometen la viabilidad de las pymes
La Vanguardia. El 85% de las grandes empresas paga en más de 60 días y la Administración, en 70 cuando su límite son 30, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)
Ni la Administración Pública ni las grandes empresas cumplen con sus compromisos legales de plazo de pagos. El 85% de las grandes empresas incumple estos periodos en España, fijados en 60 días y pagan, de media en 67 días. El sector público por su parte más que duplica el límite legal, con 70 días de plazo medio de pago frente a los 30 permitidos, según se desprende del Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2025′ de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
La situación, lejos de mejorar, empeora. En el 2025, se incrementó en tres días de media la morosidad respecto al año anterior, lo que refleja, según la organización, un “deterioro evidente del comportamiento de pago”.
La PMcM enfatizó la situación en el ámbito público. Su presidente, Antoni Cañete, calificó de “especialmente preocupante” que, por segundo año consecutivo, las administraciones paguen más tarde que las empresas, pese a que su plazo legal máximo es la mitad.
Cañete reclamó una “actuación urgente” por parte de las instituciones
Cañete reclamó una “actuación urgente” por parte de las instituciones y sostuvo que el compromiso institucional con la lucha contra la morosidad “debe comenzar por su propio cumplimiento de las normas”.
Asimismo, ha defendido que el incremento de la recaudación por parte de la Administración invalida cualquier motivo que “justifique un empeoramiento de sus plazos de pago”. Por ello, ha considerado que el sector público debería ser el primero en respetar los tiempos que exige a los demás para ejercer un papel “ejemplarizante”.
Además, más de la mitad de los proveedores (55%) identifica a la Administración Local como la que más tarda en pagar, seguida de la Regional (26%) y la Central (19%). La organización ha subrayado, también, que en todos los niveles administrativos se superan mayoritariamente los plazos legales de pago.
En el sector privado, el informe vuelve a situar a las grandes empresas como el “eslabón que peor comportamiento presenta en materia de pagos”. Así, el 67% de los encuestados señalan a este tipo de empresas como las que más tardan en pagar, y el 85% asegura que pagan muy por encima de los plazos legales, con una parte relevante que retrasa los pagos más allá de los 90 días.
La PMcM destaca que la situación “ha empeorado claramente” respecto a 2024, cuando un mayor porcentaje de grandes empresas cumplía con los plazos (26%). En contraste, solo el 13% de los encuestados apunta a micropymes y autónomos como los principales morosos, lo que evidencia una brecha de comportamiento según el tamaño de la empresa.
La PMcM destaca que la situación “ha empeorado claramente” respecto a 2024
El informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea también señala que, en España, la morosidad obliga a muchas empresas a “recurrir a financiación externa”. En este sentido, desde PMcM apuntan a un uso extendido de términos como el ‘confirming’, cuyo empleo, según indican, no siempre se comunica con la transparencia exigida por la normativa europea.
En el caso de la subcontratación, la situación se agrava todavía más, con plazos medios de pago que alcanzan los 87 días. La PMcM sostiene que denuncia desde hace tiempo que la cadena de pagos en el sector público “continúa asfixiando a pymes y autónomos”, que suelen situarse en el último eslabón y que la cadena está “mal controlada”.
Para corregir esta situación, la organización propone que las administraciones paguen directamente a los subcontratistas, una medida que, según explican, ya se aplica en Cataluña y que contribuiría a mejorar la liquidez empresarial.
El estudio constata también la persistencia de prácticas abusivas, como la imposición de plazos de pago superiores a los legales en contratos, sin consecuencias para los incumplidores. Asimismo, destaca que la mayoría de los proveedores no reclama los intereses de demora (89%) ni las compensaciones previstas por ley (94%).
Para el presidente de la plataforma, esta falta de reclamación refleja la falta de eficacia de una normativa que no penaliza de forma efectiva su incumplimiento”. De hecho, una amplia mayoría de los encuestados (91%) considera necesario implantar un “régimen sancionador” que garantice el cumplimiento de la ley.
Pese a este contexto, la ratio de morosidad descendió en 2025 hasta el 3,3%, por debajo del año anterior (5,2%), aunque la organización advierte de que este dato no compensa el empeoramiento de los plazos de pago ni el “impacto estructural” del problema.
En paralelo, la PMcM pone el foco en el futuro Reglamento Europeo contra la Morosidad, actualmente en tramitación, que prevé sanciones para los incumplimientos. No obstante, señala que existe un “amplio desconocimiento” entre las empresas sobre esta normativa.
Desde la entidad concluyen que la morosidad sigue “siendo un problema estructural en España” que afecta especialmente a pymes y autónomos y reclama “medidas eficaces”, incluyendo un mayor “control real de la cadena de pagos” y “un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de la ley”.