Consumo sanciona a Airbnb con 64 millones por anunciar viviendas turísticas sin licencia
La Vanguardia. El ministerio forzó la retirada de 65.000 anuncios que no contaban con los requisitos administrativos
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. La resolución es firme e implica además dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.
La plataforma es sancionada por publicar pisos o viviendas sin licencia, “contraviniendo las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas” y otros con un número de licencia o de registro falso, “que no corresponde con la numeración utilizada por los registros”, o incluir datos “sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones”, lo que supone una práctica de “publicidad engañosa”.
Además, Airbnb hace frente a una infracción leve, sancionada con 10.000 euros, por “obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección”. Según indican desde el Ministerio, “la plataforma no ofreció respuesta a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente”.
La sanción por infracción grave, por importe de 64.055.311 euros, es equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento formulado por parte del Ministerio hasta su retirada por la plataforma. La primera vez que Consumo instó a retirar los anuncios fue en diciembre de 2024 y Airbnb los mantuvo hasta julio de 2025.
El ministerio instó en el mes de mayo a la plataforma a eliminar 65.122 anuncios de viviendas que no cumplían los requisitos para ser turísticas en sus comunidades. Airbnb recurrió esta obligación pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avaló por dos veces las resoluciones de Consumo.
En total, el Ministerio que lidera Bustinduy instó a Airbnb a retirar 65.000 anuncios a través de tres resoluciones: la primera de 5.800 anuncios que fue avalada por el TSJM en el primer auto de mayo, la segunda de 34.728 anuncios que acaba de ser avalada en este segundo auto, y una tercera resolución con los anuncios restantes, que es la única que no ha sido recurrida por Airbnb. De hecho, tras recibir las resoluciones de Consumo y después del primer aval de la justicia, la multinacional retiró estos 65.000 anuncios en julio.
Consumo recordó que en el ámbito de la vivienda, el Ministerio mantiene también en curso distintos expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.
Todas estas iniciativas, afirman, se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país, según ha declarado. “Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha manifestado, al tiempo que también ha señalado que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.