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El realquiler de pisos turísticos se extiende a la vivienda protegida

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La Vanguardia. Sant Cugat expulsa a los inquilinos e investiga casos en los que se arrienda el sofá en Airbnb.

“Un lugar tranquilo en Sant Cugat. Disfruta de tu estancia en un acogedor piso habitado por un matrimonio solo, a 20 minutos de Barcelona en tren y 400 metros de la estación, es un lugar tranquilo, con hermosas vistas ideal para estudiantes y viajeros de corta estancia”. A 28 euros la noche, mínimo de estancia 3 noches y una sola persona (pero si hay huésped adicional, 10 euros noche). Así comienza un anuncio de un apartamento turístico de dos habitaciones –una con literas y otra con cama de matrimonio–, comedor, cocina, dos baños, balcón y terraza en el flamante barrio de Volpelleres de Sant Cugat del Vallès, publicado en Airbnb por la anfitriona, M.C., y su marido. Un anuncio más de la plataforma–que aún se podía ver ayer– pero que corresponde a un piso de alquiler social del Ayuntamiento.

El piso en cuestión cuenta con cinco estrellas, la máxima puntuación de esta red, y 46 comentarios positivos de los usuarios que lo han visto o habitado. El primero está fechado en mayo de 2016, hace poco más de un año y, por lo menos, desde entonces, ha estado en alquiler. Incluso tiene un número de licencia o registro, supuestamente facilitado por el Consistorio como apartamento legal.

La irregularidad se detectó hace pocos días y se ha abierto expediente a la pareja

Lo que aparentemente sería una oferta atractiva para un turista o un estudiante de paso en una de las ciudades más caras del área metropolitana ha topado de bruces con una estricta normativa municipal de la gestión del patrimonio público. El tranquilo apartamento es una vivienda de alquiler que forma parte de una coqueta promoción de viviendas de protección oficial de Promusa (Promociones Municipales de Sant Cugat), junto a la biblioteca municipal Miquel Batllori.

El Ayuntamiento descubrió esta irregularidad hace pocos días, tras diferentes inspecciones, según ha podido saber este diario. Enseguida alertó a la pareja de inquilinos, les abrió un expediente, se procedió a la disolución automática del contrato, les ha exigido que devuelvan el apartamento y abandonen la vivienda. “Una vez recuperado el piso, pronto pasará a unos nuevos inquilinos que cumplan con un perfil de necesidad social”, detalla la teniente de alcalde de Vivienda de Sant Cugat, Susanna Pellicer. “No podemos permitir que alguien se lucre y haga negocio de esta manera. No juzgamos si esta pareja lo hacía por necesidad económica o por desconocimiento de la normativa. Pero estos inquilinos ya no se podrán beneficiar más de nuestro parque público de viviendas”, sentencia, rotunda, Pellicer.

El municipio está entre las tres ciudades más caras de la provincia de Barcelona

El alquiler del apartamento de Volpelleres no es el único caso de que el Consistorio investiga. Se han detectado dos posibles casos más de pisos sociales que sus adjudicatarios han querido poner a Airbnb y otras plataformas de economía colaborativa. En otra promoción, se sospecha que la persona adjudicataria de un piso de alquiler está arrendando un sofá bajo la modalidad de coach surfing. También hay indicios de otro piso, en este caso de venta, que se habría publicado en otra plataforma de economía colaborativa. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian cómo penalizar a estos inquilinos y cómo gestionar “el control de estos nuevos modelos de negocio” con plataformas como Airbnb.

Sant Cugat, con 90.000 vecinos y a 15 kilómetros de Barcelona, está entre las tres ciudades con las viviendas más caras de la provincia, detrás de Sitges (3.613 euros/m2), y Barcelona (3.478/m2). Según un estudio del portal Idealista de 2016, el metro cuadrado de la ciudad vallesana cuesta 3.090 euros. Por lo tanto, la presión urbanística es evidente, así como la escasa oferta de viviendas de alquiler. Pellicer destaca que el Ayuntamiento promueve políticas de acceso a la vivienda con precios asequibles desde 1989. “El parque público de vivienda consta de 1.265 pisos de venta y unas 500 de alquiler”, apunta. Esta misma semana se han sorteado 34 pisos de alquiler económico de Promusa para jóvenes. “A todos los inquilinos les advertimos de que tienen que hacer un buen uso de la vivienda y las normas son claras. Si está alquilado solo a una persona, esta nos tiene que avisar si durante unos días se va a quedar su pareja o viene de visita su madre. No podemos permitirnos ninguna duda porque se están beneficiando de unos precios bajos y viviendas de mucha calidad”, expone la edil.

Inspecciones para garantizar el uso social

El Ayuntamiento de Sant Cugat ejerce inspecciones del parque de vivienda pública para garantizar su uso social. Desde el 2011, estas inspecciones han permitido recuperar 31 viviendas de protección oficial. De estas, 14 han sido devueltas después de una sentencia judicial a favor del Ayuntamiento para hacer un mal uso en incumplir las cláusulas del contrato y en 17 casos se ha ejercido la intermediación entre los adjudicatarios de la bolsa de solicitantes.

 

 

 



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